(AW) La Cámara Primera en lo Criminal de Formosa a cargo de
Ramón Alberto Sala revocó el sobreseimiento del qarashe de la comunidad qom La
Primavera, Félix Díaz, en la causa en la que se investiga la represión que
sufrieron en noviembre de 2010. Esta decisión pretende direccionar la
persecución penal sobre el líder de la comunidad bajo la figura de instigación
al homicidio, mientras que deja en la impunidad el accionar de las fuerzas
policiales. Este criterio agrava las acciones de persecución y criminalización
que vienen sufriendo los qompi que luchan por el reconocimiento de sus derechos
sobre territorios que les pertenecen legítimamente. La decisión de responsabilizar
a su referente no implica otra cosa que amedrentar a toda la comunidad.
El juez Sala pidió la imputación de Félix como instigador de
los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y homicidio del policía Eber
Falcón. Sin embargo, no existe prueba alguna que sustente estas acusaciones que
sólo se apoyan en testimonios de algunos efectivos de la policía provincial que
participaron en la represión de 2010 y que sostuvieron como prueba de sus
dichos el uso de un teléfono celular por parte de Félix con el supuesto
objetivo de organizar la resistencia al desalojo. A partir de diversas
declaraciones y de prueba documental, se comprobó que Félix se comunicaba con
distintos actores e instituciones, como la Defensoría General de la Nación y el
INADI, para informar lo que estaba sucediendo en el lugar y solicitar
colaboración. De acuerdo con los indígenas que declararon en la causa y con la
pericia antropológica realizada, las decisiones en la comunidad se toman
únicamente en asamblea y no es Félix quien da órdenes.
El caso llegó al juez Sala por la apelación del fiscal
Arturo Cabral. Sin embargo, el fiscal decidió no apelar el sobreseimiento
recaído sobre los únicos dos policías imputados en la causa por el homicidio
del miembro de la comunidad Roberto López. A su vez, recientemente había
solicitado que se desestimen todas las denuncias formuladas contra los
funcionarios policiales y judiciales. Este accionar de Cabral, sumado al
rechazo a la viuda de Roberto López a constituirse en querellante, implicaría
el cierre de la causa contra los policías ya que no queda nadie en posición de
sostener la acusación contra ellos.
Frente a los reclamos por los problemas relacionados con el
derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, la justicia penal
provincial ha respondido en reiteradas oportunidades con procedimientos
criminales dirigidos a perseguir a los miembros del grupo. La posición del
fiscal es una muestra de la convalidación que la justicia provincial está
dispuesta a hacer del uso abusivo de la fuerza policial y de la discriminación
y persecución de la que está siendo objeto Felix Díaz. Por esta razón, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la recusación de Cabral y
seguirá reclamando junto a otras organizaciones que se revierta esta acusación
y se realice una investigación imparcial respecto de la responsabilidad
provincial en la represión del desalojo.
La falta de implementación del derecho a la propiedad
comunitaria de la tierra ha generado condiciones para la reiteración de agresiones
contra los miembros de La Primavera, que continúan siendo víctimas de
hostigamientos y violencia y enfrentan grandes obstáculos para que sus
denuncias se realicen y sean gestionadas por las instituciones. Desde la
represión de 2010, integrantes de la comunidad fueron atacados y amenazados por
criollos que ocupan sus tierras en repetidas oportunidades. En abril del 2011,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar
para garantizar la integridad física de los integrantes de la comunidad. En
este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia
pública para discutir sobre el conflicto. Sin embargo, las autoridades
provinciales aun no han dado respuesta a las demandas. Es fundamental que no se
siga criminalizando a Félix Díaz y a la comunidad y que se avance en soluciones
de fondo a los reclamos.
Centro de Estudios Legales y Sociales
web@cels.org.ar / www.cels.org.ar
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