La Procuración General de
la Suprema Corte de Justicia, de la Provincia de Buenos Aires. Realizó una
inspección en los buzones de la Unidad 48 de José León Suárez. A raíz de ello, pudo
comprobar que seis detenidos se encontraban en estado de degradación de la
condición humana. Desde esta Agencia, se exige a las máximas autoridades
provinciales, que se desplace a todos los responsables por este terrible delito
que ha sido comprobado por varios Funcionarios. Queremos ver el accionar de la
Justicia, tal como acciona contra el delito que cometen las personas de los
barrios pobres.
Foto: Cárcel de Mendoza
Sucedió el viernes diez de
agosto último, aproximadamente a las 13:00 horas, momentos en que la
Procuración inspeccionaba los buzones, junto con el Sr. Oficial Primero Rubén
Lago. Ello, en el marco de la resolución N° 208/07 de la Procuración General de
la S.C.I.B.A, y pudieron observar el estado deplorable e inhumano en el que encontraba
ese sector, debido a las pésimas condiciones de higiene y salubridad.
En virtud de lo expuesto,
procedieron a ingresar a las celdas de esta área con el fin de verificar, las
condiciones de detención de tas mismas. Habiendo podido constatar: En la celda
N°2 en donde se encontraba alojado el interno Várela Ausili Marcelo a
disposición del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Isidro en causa 13351, allí,
se pudo observar el inodoro con dos filtraciones y totalmente tapado, sin luz
artificial; basura en el piso que databa de 2 o 3 días, y una incipiente
invasión de hormigas. La celda N°7 se encontraba habitada por los internos
Torrez Leiva Femando y Marconi Quiroga Alejandro, quienes se encuentran a
disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° l de San Isidro en causa 2099 y
7896. Respectivamente, pudieron observar gran cantidad de basura, el inodoro
tapado, y la canilla rota. En la celda N"8 se encontraba alojado el
interno Gil José Maximiliano a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°2
de San Isidro en causa 6069, y pudieron verificar el inodoro tapado y gran
cantidad de basura. Los internos González Bobo Ezequiel y Tesuri Carlos
Alberto ambos alojados en
la celda N°6 a disposición de Juzgado de Ejecución Penal N°2 de San Isidro en
causa 5006 y 5476, respectivamente, pudieron observar la falta de luz :
suciedad por doquier, y en donde el interno Tesuri Carlos Alberto presentaba en
su abdomen una protuberancia considerable, el cual manifestó tener infectada su
zona y no haber recibido al momento atención médica alguna, lo que le provoca
fuertes dolores, y un malestar físico en general.
Asimismo respecto a las
condiciones generales de! sector de separación de convivencia, denominado
"SAC", se observó en el piso del pasillo gran cantidad de basura que
databa de varios días, y en el sector común de las duchas, agua estancada con
olor nauseabundo. Por lo cual, esta situación sostiene en forma clara y
precisa, un agravamiento en las condiciones de detención de todos los allí
alojados. Evidentemente, en tales condiciones es sumamente dificultoso mantener
un mínimo de higiene, lo que contribuye a aumentar por cierto, las
posibilidades de contraer algún tipo de enfermedad, peste, etc. También se ha
podido constatar, que el interno Tesuri Carlos Alberto, precisaba asistencia
médica con extrema urgencia, a lo cual, los Directores penitenciarios
responsables de estas vidas, le hacían la vista gorda.
Ahora bien, dado el
perjuicio que pesa sobre los internos que se encontraban alojados en el área de
separación de convivencia, y en virtud de la gravedad de las condiciones de
detención allí constatada. Conforme lo normado por el Art 30 de la Constitución
Bonaerense y el Art. 18 y 75 Inciso 22 de la Constitución Nacional, se estarían
violando en forma muy clara las garantías constitucionales allí consagradas.
Por todo ello, se solicitó la rápida intervención del señor Juez del Juzgado de
Garantías en lo Penal n°4 del Departamento Judicial de San Martín. Para que
intervenga y subsane este terrible estado de degradación de la condición
humana, en la que se encontraban estas personas. Es por todo ello, que han
ordenado clausurar los buzones de dicha unidad penal, pero los penitenciarios
siguen gozando de impunidad.
Cómo podemos ver, la
administración penitenciaria de la Unidad 48 del Servicio penitenciario de
Scioli & Casal Corporation, violentó en forma directa la Convención contra
la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, Art. 1.1 - 2.1.2.3
- 4.1.2 - 5.1. b, c.- 6.1.2, - 9.1.2 - 10,1 - 11 - 13 - 14.1.2 - 16.1.2 - - y
además teniendo en cuenta que el art. 5 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles
inhumanos o degradantes.
La discriminación, al
igual que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana, y una negación de los
principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
También en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de, los derechos
humanos y libertades- fundamentales proclamados en.la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Es de extrema necesidad,
para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos
legales de protección. Que las Agencias del Estado prevengan y sancionen la
tortura, produciendo el inmediato desplazamiento de todas las personas que se encuentren
a cargo de las dependencias, donde se registraron las violaciones a derechos
humanos, consumadas.
De hecho, desde la Agencia
Rodolfo Walsh, exigimos a las máximas autoridades de la provincia de Buenos
Aires. Dispongan el inmediato Desplazamiento y Destitución del cargo, de todos
los responsables de las tres guardias del personal de Escalafón General del SPB
en la Unidad 48 de San Martín. Hablamos del Director de Unidad, los tres Sub-
directores, Jefe de Penal y los dos Sub-jefes de penal, además de otros
responsables que deberán aparecer tras una excautiva investigación que la
Justicia debe realizar. Todos estos son los que están a cargo de las
condiciones de detención de las personas encarceladas, procesados con principio
de inocencia y condenados bajo tratamiento. Son los que consintieron la
agravación de la detención, las torturas y la degradación de la condición de
los seres humanos allí cautivos.
Por lo cual, tienen que
pagar de la misma manera que las personas que han ido en contra de alguna norma
o regla de la sociedad, y hoy se encuentran en situación de encierro, Porque
hasta el momento venimos observando el complot que existe entre las pilchas
penitenciarías, el cual es abalado por la señora patrona del servicio
penitenciario bonaerense, María Florencia Piermarini, especializada en Derechos
Humanos de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Quien ha sido nombrada Jefe del
servicio, el jueves 16 de febrero del corriente año por el Gobernador Scioli, y
al momento no se ha pronunciado ante ningún acto de vilaciones a los Derechos
de las personas. Delito que es cometido cotidianamente por sus subalternos de
la fuerza penitenciaria La infinita impunidad es lo que demuestra la terrible
corrupción y Precariedad Institucional, que aqueja a nuestra provincia que es
víctima de un sistema que está totalmente agotado, y opera con total impunidad
dañando las vidas de las personas.
Es inaceptable, que el
Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alcaide Mayor
Ricardo Blas Casal, continué en su cargo tras los reiterados hechos de barbarie
que se suscitan uno tras otros, bajo su administración. Repugna observar a
Casal como Ministro de "Justicia y Seguridad", cuando tiene las manos
llenas de sangre de victimas, de las políticas de la 'Tolerancia Cero".
Decimos víctimas, porque gran parte de los muertos jamás negaron a ser
juzgados, fueron condenados a muerte y ejecutados, por la "Scioli &
Casal Corporation Inc.". Como así también, siguen impunes la violaciones a
los derechos que los detenidos tenemos para acceder a la Educación y la
Cultura, en cuanto salidas extraordniarias a estos tipo de eventos. Ello, en
consecuencia de la medida adoptada por el Alcaide Mayor Ricardo Blas Casal, en
el mes de agosto del corriente año, A pesar de haber sido denunciado
formalmente por la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes Universitarios
"Azucena Villaílor" de ¡a Sede CUSAM, dependiente de la Universidad
Nacional de San Martin, mediante un Habeas Corpus con fecha, 14/08/2012, ante
el Juzgado Federal n° 3 de San Martín, Secretaria n° 2, Judicatura sita en la
Localidad de Santos Lugares, Partido de Tres de Febrero. Pero aun no hallamos
respuesta alguna, y esperamos el accionar de la "Justicia" ante estos
terribles delitos, de la misma manera que acciona ante los delitos que cometen
las personas de los barrios pobres: y en su gran mayoría contra la propiedad
privada
Jesús Cabral
Diplomado en Ciencias
Sociales y Humanidades
Universidad Nacional de
San Martín.
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