La cifra
corresponde a procesos que finalizaron entre 2008 y el mes pasado. Surge de un
informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad,
dependencia creada por la Corte para impulsar y facilitar la realización de
esos procesos
Desde
2008 hasta agosto último, se realizaron en todo el país 61 juicios orales por
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar,
mientras que en la actualidad se llevan a cabo 15 debates y otros cinco tienen
fecha de inicio fijada..
Los datos
surgen de un informe elaborado por la Unidad de Superintendencia para Delitos
de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a través de la Acordada 42/08, con el objeto de asistir y detectar los
problemas que obstaculizan la tramitación de aquellos juicios de lesa
humanidad.
Dicha
Unidad, destaca el documento, “aborda la problemática de cada jurisdicción en
materia de recursos humanos a partir de un estudio pormenorizado de la
organización del personal de los tribunales que tiene causas de esta índole y
se confecciona un listado de juicos fallados, en trámite y con fecha de inicio
de debate, entre otras funciones de asesoramiento en materia de
superintendencia”.
En tanto,
el 27 de marzo de 2009, en el ámbito de la Corte y de conformidad con la
Acordada 42/08, comenzó a funcionar la Comisión para la Coordinación y
Agilización de Causas por delitos de Lesa Humanidad, integrada por miembros de
distintos poderes del Estado y por la Unidad, bajo la coordinación del
secretario General y de Gestión de la Corte Suprema, Alfredo Kraut.
El
objetivo de la Comisión es resolver, a través del diálogo entre los tres
poderes, las dificultades que provoquen demoras en la sustanciación de este
tipo de causas, según indica el informe de la Unidad. “Se abordan temas tales
como las vacantes por cubrir en los tribunales orales con competencia federal,
la acumulación de procesos en pocos tribunales, los déficits en salas de
audiencias adecuadas para celebrar estos debates, la escasa cantidad de debates
llevados a cabo pese a la gran cantidad de personas procesadas, fragmentación
de la causas, entre otras temas”, añade.
Por otro
lado, agrega, frente a las falencias advertidas en la tramitación de las causas
(durante el año 2008 sólo se habían realizado 7 debates orales en los que se
juzgó a 29 personas con condenas y absoluciones y para 2009 estaban programados
sólo 13 juicios orales), y luego de los informes realizados por la Secretaría
General y de Gestión, el 7 de septiembre de ese año la Corte Suprema dictó la
Acordada 37/2009. Allí estableció el mecanismo para la integración de los
tribunales federales, y dispuso que la Cámara Federal de Casación implementará
aquella decisión.
Así,
señala, mediante la resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal de Casación
Penal, se cubrieron las vacantes existentes en los tribunales orales en lo
Criminal Federal de la Capital y se reasignaron las causas seguidas por
violaciones a los derechos humanos correspondientes a hechos cometidos en la
órbita del Primer Cuerpo de Ejército -en ese momento radicadas en el TOF 5-
entre los restantes TOF, en atención a que estaban en mejores condiciones de
afrontar dicha carga de trabajo.
La
decisión de reasignar causas para agilizar los procesos luego se replicó en
otras jurisdicciones (La Plata, Mar del Plata, San Martín, Córdoba, Tucumán,
Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, San
Juan, Paraná, Rosario, Santa Fe y, recientemente, en Santiago del Estero, La
Rioja y Jujuy) y se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura
registraban ciertas demoras, afirma el documento.
“Como
consecuencia de estas medidas, e implementadas por el Poder Judicial de la
Nación, en el año 2008 se realizaron 6
juicios orales; en el año 2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17 y hasta
agosto del 2012, se concluyeron 10 juicios. Existen además15 debates en trámite
y cinco juicios ya tienen fecha fijada para este”, indica el informe.
Otra de
las cuestiones resueltas por la Unidad fue la decisión de subsanar el déficit
detectado en el registro audiovisual de las audiencias de juicios orales. Para
ello, el Máximo Tribunal celebró un convenio, el 16 de diciembre del 2009, con
el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), que tiene como objeto
la cooperación recíproca para lograr la filmación de los juicios.
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