Salud laboral
Martes 28 de agosto de 2012, por Redacción *
El 5 de diciembre de 2007 una tragedia conmovió a la
Universidad de Río Cuarto. La detonación ocurrió en la planta piloto de la
Facultad de Ingeniería cuando un derrame de hexano (un solvente altamente
inflamable) desató la explosión en cadena de los tambores que contenían el
potentísimo hidrocarburo.
Fue un hecho estremecedor, agravado por las muertes del
estudiante Juan Politano (22), los investigadores Carlos Ravera (64), Damián
Cardarelli (43), Lilian Giacomelli (42), Gladys Baralla (52) y de Miguel Mattea
(58), docente y director de la planta piloto donde se produjo la catástrofe.
También resultaron heridas 26 personas.
El caso tomó actualidad en estos días, porque después de
cuatro años y medio, el Juzgado Federal de Río Cuarto decidió elevar a juicio
la causa. Por los hechos fueron procesados Carlos Bortis, ex vicedecano de
Ingeniería y ex presidente de la Fundación UNRC; José Luis Pincini, ex
secretario de Coordinación Técnica de la Universidad; Sergio Antonelli, ex
secretario de Coordinación Técnica de Ingeniería; Miriam Ferrari, ex directora del
Departamento de Tecnología Química; Edith Ducrós, ex vicedirectora del
Departamento, y la única sobreviviente del grupo de investigación, Liliana
Ruetsch.
"Es importante rescatar que pasados cinco años, la
causa se haya elevado a juicio. Sabemos que a diferencia de otros casos, aquí
hubo una investigación que puso el acento en procesar a las responsabilidades
públicas. Nosotros participamos desde el principio como querellantes, porque
entendemos que es nuestro deber como gremio contribuir al esclarecimiento de
una tragedia que tuvo a la universidad pública como protagonista", dijo a
APN Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Gremial Docente de Río
Cuarto (AGD-CTA).
Aún así, el gremialista reconoció que no consideran que
Liliana Ruestch sea responsable de la tragedia y pidieron su absolución porque
"como miembro del equipo damnificado, también es otra víctima más".
Además, por el atraso de la investigación, el ex decano de la facultad de
Ingeniería fue beneficiado por presentar la prescripción de la causa, al igual
que profesionales de una empresa que hacía experimentos en el laboratorio donde
ocurrió el siniestro.
Desde el gremio entienden que el juicio sacará a la luz los
convenios entre universidades públicas, empresas y seguridad. "Hay dos líneas
centrales de responsabilidades: una respecto a la empresa De Smet especialista
a nivel internacional en extracción de aceites con solvente, quien fue la que
por convenio encargó los estudios para optimizar el proceso, y la otra es la
responsabilidad de la Universidad en relación a la seguridad en el trabajo, el
descontrol en términos administrativos y de responsabilidades jerárquicas de
tomas de decisiones", especificó Adaro. En ambos casos hay personas
imputadas y procesadas.
La justicia deberá demostrar, también, aquellas
declaraciones que sostienen que docentes y alumnos denunciaron ante las
autoridades anteriormente a la tragedia sobre el peligro que representaba la
concentración de tanta cantidad de hexano en un lugar cerrado y sin
ventilación. "Será un juicio modelo, en tanto pondrá el acento en la
responsabilidad de una institución pública y educativa como lo es la
universidad, y donde ocurrió una tragedia de una dimensión tan grave que
desnuda la falta de control y los posibles nexos de corrupción entre las
empresas privadas y las instituciones públicas", enfatizó el gremialista.
Fuente: www.apn.org.ar

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