Lunes 15 de
octubre de 2012 |
Presión fiscal
En 15 años, el
peso del impuesto en los salarios medios pasó de 0,8 a 5,4% -casi seis veces
más- por la falta de actualización según la inflación
Por Silvia
Stang | LA NACION
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El impuesto a
las ganancias alcanza ya a salarios que, en términos reales, son hasta 35% más
bajos que los que una década atrás fijaban el umbral para tener esa obligación
con el Estado.
En otras
palabras: muchos de los que hoy ven recortados sus ingresos por un descuento
para ese tributo tienen un ingreso con el que pueden comprar sólo dos tercios
de los bienes y servicios que podían adquirir los que estaban alcanzados por el
tributo antes del período inflacionario iniciado en 2002.
La mayor
presión fiscal no sólo se siente en los salarios más altos, sino también en los
de la franja media; por ejemplo, en un sueldo mensual bruto de 15.000 pesos se
paga una tasa efectiva que es seis veces más que la que se tributaba en 1998
con una remuneración de poder adquisitivo equivalente.
Así lo revela
un informe elaborado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea.
De acuerdo con
el informe, de haber existido una suficiente actualización de montos según la
inflación estimada para el período de 1998 a 2012 -de 398 por ciento, si se
consideran las estadísticas de institutos provinciales-, hoy deberían tributar
los solteros con un salario neto de al menos 8727 pesos por mes y los que
tienen cónyuge y dos hijos a cargo, a partir de los 10.565 pesos, en lugar de
las cifras vigentes, de 5782 y 7998 pesos, respectivamente. En términos de
valor real, hoy la primera variable tiene un retraso de 35 por ciento y la
segunda, de 25 por ciento.
Los
economistas advierten sobre otro efecto de la insuficiente actualización del
esquema tributario: aun cuando el Gobierno dispusiera para este año un
incremento de 20 o 25 por ciento de la base imponible, no se lograría
equilibrar la situación.
Además, la
alícuota efectiva -el porcentaje del salario que en la práctica representa el
descuento- seguirá siendo muy superior a la de 1998 y también a la de 2011,
para todos los niveles de ingresos.
Así, por
efecto de la inflación el Gobierno avanza sobre los recursos de los ciudadanos,
sin haberse producido ningún cambio legal que lo habilite a hacerlo y a causa
de que no existe una actualización adecuada de las variables con las que se
define el pago del impuesto.
Un ejemplo
concreto: un empleado con un salario bruto de 15.000 pesos a valor constante
(es decir, considerando ese número en la actualidad y un valor de igual poder
adquisitivo para 1998), casado y con dos hijos a su cargo, pagaba en aquel
entonces una alícuota real de 0,8 por ciento. De no haber corrección alguna,
este año se estará tributando una tasa de 5,4%, casi seis veces más. En 2011
-año en que la base imponible subió 20% respecto de 2010, varios puntos menos
que la suba promedio de los salarios nominales- los descuentos alcanzaron un
2,4 por ciento.
Según el
estudio, si se hubiera adecuado correctamente el esquema, el pago actual
debería estar en 1,1% del salario. De la "sobretasa" actual la mayor
parte, 2,6 puntos porcentuales, se explica por la falta de ajuste de los montos
de las deducciones (descuentos al ingreso total bruto, que definen cuál es el
ingreso sujeto al impuesto).
Otros 1,7
puntos se deben a la ausencia de una adecuación de los topes de ingreso para
ubicarse dentro de un tramo determinado, en una escala que define qué alícuota
se aplica en función del ingreso de la persona. Esta tabla no existía en 1998,
ya que fue introducida por una reforma impositiva aprobada al año siguiente y
de la cual esa disposición sigue vigente.
Los números
demuestran que, de todas formas, el mayor efecto en una creciente presión
tributaria se da no por la propia existencia de esa tabla, sino por el hecho de
que no se actualizaron nunca, desde el inicio del período inflacionario, los
topes para estar dentro de cada una de las categorías.
De hecho,
según surge de las estimaciones de los economistas Marcelo Capello, Gustavo
Diarte y Gerardo García Oro, de haberse seguido una adecuación de esos montos,
el descuento habría pasado de 0,8% (antes de la reforma de 1999) a 1,1 por
ciento. Si ahora se dispusiera un ajuste del 20%, la presión sería superior:
del 3 por ciento.
Esa omisión
provoca que, ante un aumento nominal de salarios -que podría ni siquiera ser
suficiente para mantener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación-
se pueda producir un salto importante en el monto a tributar, justamente por el
pase de una tasa de imposición a otra.
En el ejemplo
de un trabajador sin cargas de familia con igual salario, se pasó de una
alícuota del 1,5% en 1998 a una de 6,5 por ciento en 2011 y a 8,8 por ciento
este año.
Si se hubieran
actualizado suficientemente todas las variables, la tasa debería ser de 2,2 por
ciento. Con un incremento del salario imponible del 20 por ciento para este
año, la carga tributaria quedaría en el 7,1 por ciento.
Para calcular
el impuesto se considera, en cada tramo de ingresos, un monto fijo más un
porcentaje que se aplica sobre el excedente de un determinado monto percibido;
por eso en los ejemplos se habla de la tasa efectiva: es lo que finalmente
resulta, medido como porcentaje del salario, de haber aplicado el esquema de
imposición vigente.
En los últimos
días trascendió que el Gobierno podría anunciar un aumento del salario mínimo
sujeto al impuesto, que podría rondar el 20 o 25 por ciento, en consonancia con
el pedido de todas las centrales sindicales.
Como el
impuesto se calcula sobre los ingresos anuales, si se sigue la letra de la ley
no podría disponerse una modificación que esté solo vigente durante algunos
meses y no todo el año. Por eso, aun cuando se fijara en esta época del año,
como su efecto sería para los ingresos desde enero -desde ese mes los
trabajadores ya sufren los descuentos-, el impacto fiscal sería importante.
Eso no
alcanzaría, de todas maneras, para que las alícuotas vuelvan a los niveles
previos a la inflación de la última década. Al no adecuar el impuesto, el
Gobierno utilizó el efecto del alza de precios (que buscó ser compensado con
las subas salariales por convenio) para recaudar más.
El año pasado,
por ejemplo, con una inflación de alrededor de 23 por ciento, el fisco logró
por el impuesto a las ganancias obtener un 67 por ciento más de recursos que en
el año previo, tanto por el cobro a asalariados, autónomos y jubilados como a
las empresas, que no aplican sistemas de ajuste por inflación en sus balances.
$ 8727
Debería ser el
piso para pagar Ganancias si se hubiera actualizado el impuesto según la
inflación.
Del editor:
cómo sigue.
El Gobierno
estaría por anunciar una suba en el mínimo no imponible para congraciarse con
la CGT oficialista, de reciente creación.
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