Más tiempo para la defensa de los pobres

Las causas por reclamo de derechos básicos como la vivienda o la salud se multiplican en los tribunales porteños y en este marco, la defensa pública de la Ciudad planteó ante la Legislatura la necesidad de contar con más días para armar un argumento contundente en caso de recurrir al TSJ. Diez días para recursos de inconstitucionalidad y 5 días para la queja por denegación propuso el Defensor General de la Ciudad. 

Por Redacción NU

  

La garantía de derechos básicos de la población más vulnerable de la Ciudad como la vivienda, la salud o la educación centran numerosas causas impulsadas por la defensa pública porteña. Frente a los numerosos amparos presentados en los tribunales porteños y ante las reiteradas acciones que estas causas requieren, la Defensoría General de la Ciudad encabezada por Mario Kestelboim presentó ante la Legislatura de la Ciudad un proyecto para que se amplíen los plazos para que la defensa pueda argumentar su posición en recursos ante la última instancia local, el Tribunal Superior de Justicia.

Las diferencias en materia de visión jurídica entre la defensa pública porteña y el TSJ en temas como la problemática habitacional son conocidas y llevaron a la Defensoría General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a esta situación la defensoría porteña impulsó una modificación a la ley de amparo argumentando que la actual normativa en lo referente a plazos para plantear recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia o plantear la queja por denegatoria “conspira” con “la adecuada defensa técnica” afectando “el derecho de defensa en juicio y la tutela judicial efectiva”.

“Este proyecto modifica en el marco de la acción de amparo los plazos procesales vigentes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad (art. 22 de la Ley Nº 2145) y de queja por denegación de aquél (art. 23 de esa norma), llevando el primero de los actuales cinco días a diez días y el segundo de los actuales dos días a cinco días, plazos que coincidirían de esa manera con los originariamente previstos en la Ley Nº 402 para la interposición de esos recursos”, expresa el proyecto.

Y remarca: “En el breve término que acuerda la ley (cinco y dos días) no es posible articular razonablemente un cuestionamiento serio contra los fundamentos de una sentencia judicial”.