La Justicia frenó un aborto no punible
Tras la decisión de la jueza en lo Civil 106 Myriam Rustán
de Estrada, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una
organización ultracatólica para suspender el aborto de una mujer de 32 años
víctima de una violación y de una red de trata, el gobierno de Mauricio Macri,
que había anunciado que la Ciudad tendría su “primer aborto legal” sin
mencionar que vetaría la norma sancionada por la Legislatura, ahora decide
apelar el fallo que suspendió la intervención.
"No compartimos la medida cautelar porque no está
alineada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y creemos
que viola lo decidido" por el máximo tribunal, consideró la vicejefa de
gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
El anuncio del primer aborto no punible había sido hecho por
el propio Macri, quien no sólo dio detalles que de no haber sido dados hubiera
protegido mejor a la víctima, sino que confirmó que el caso había cumplido
"todas las instancias legales" y que sus fundamentos estaban dentro
de lo que fija el protocolo vigente, firmado por el exministro de Salud Jorge
Lemus.
Sin embargo, el abogado de la organización Pro Familia,
Pedro Andereguen, presentó un recurso de amparo para detener esa intervención
que el viernes pasado fue rechazado por el juez en lo contencioso
administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, pero que esta
vez fue hecho a lugar la jueza Rustán de Estrada. El pedido indica que el
gobierno de la ciudad debe "abstenerse de realizar cualquier acto o
maniobra tendiente a quitar la vida a un niño por nacer en la Ciudad de Buenos
Aires y en cuya defensa e intereses ha promovido estas actuaciones".
En consecuencia, la magistrada remitió al juzgado en lo
civil número 56, a cargo del juez Miguel Ricardo Guiraldes, quien será el
encargado de seguir tramitando la causa.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-205219-2012-10-09.html
"Este caso no entra en contradicción con el protocolo
vigente"
El legislador porteño del Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST)-Proyecto Sur Alejandro Bodart cuestionó el amparo de la
organización Pro Familia al considerar que es sólo "para demorar la
operación" y recordó la vigencia del protocolo ordenado por el exministro
de Salud, Jorge Lemus, que contempla la interrupción del embarazo dentro de las
12 semanas de gestación, y reconoce el reciente fallo de la Corte Suprema, que
sentó jurisprudencia sobre los casos de aborto no punible.
El legislador también denunció que un cura junto a un grupo
de católicos le realizaron un escrache en la casa de la mujer que solicitó
practicarse el aborto y la agredieron diciéndole que "iban a tocar todas
las campanas de la Ciudad cuando ella asesinara a su hijo". "El
médico o el personal del hospital que informó el nombre de la paciente y el
lugar donde vive, la ha expuesto, a cometido un delito, por eso presentamos una
denuncia para que se investigue a fondo".
Bodart también apuntó que se realizó una presentación para
que se dé marcha atrás con el amparo y consideró que la jueza deberá "dar
respuesta por incumplir con el deber de funcionario público. Una medida así
sólo se explica por la aplicación de una política medieval".
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