RÍO NEGRO. CHOELE CHOEL
(AW) Este viernes se cumplen 11 meses de la desaparición de
Daniel Solano. Se realizaron varios rastrillajes en la zona y no se encontró su
cuerpo. La causa cuenta con más de 150 declaraciones testimoniales y se señala
a efectivos policiales como los responsables de la desaparición del joven.
Daniel Solano, de 27 años de edad, desapareció el 5 de
noviembre de 2011. Fue a bailar al boliche Macuba, de Choele Choel, y durante
la madrugada fue sacado por personal policial.
Unos días antes, el joven reclamó el salario prometido por
el contratista que lo llevó a trabajar a la multinacional UNIVEG S.A. (ex
Expofrut). Al igual que a sus compañeros, le pagaron 800 de los 2000 pesos
ofrecidos y Solano encabezaría un reclamo. Los habitantes de la ciudad
rionegrina vinculan su desaparición con estos hechos.
El joven pertenece a la comunidad guaraní de Misión
Cherenta, Tartagal, Salta, y llegó a Choele Choel en octubre del año pasado
para trabajar. Se hospedaba en gamelas, como el resto de los sesenta guaraníes
que viajaron con él para la cosecha.
En la actualidad, la causa cuenta con más de 150
declaraciones testimoniales que señalan a efectivos policiales como los
responsables de la desaparición de Solano. Hay 22 policías imputados, de los
cuales 14 están procesados y siete están detenidos en cárceles federales fuera
de la provincia.
Se realizaron varios rastrillajes en la zona y no se
encontró el cuerpo del joven.
Los primeros días de febrero su padre Walberto inició un
acampe en la plaza principal, frente a los tribunales. Se encadenó y junto con
su hermano Pablo comenzó una huelga de hambre, por lo que fueron hospitalizados.
Dados de alta, regresaron a la plaza.
La Comisión Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano emitió
un comunicado donde sostiene que la desaparición de Solano "alentó a
desnaturalizar los maltratos y abusos de poder" en la ciudad y "puso
al descubierto una de las tantas historias de trata de personas para la
explotación laboral"; práctica que cuenta con "la indiferencia"
del sindicato de los trabajadores de la fruta.
Asimismo, el caso develó "complicidades policiales,
judiciales y empresariales delictivas que tienen como víctimas a jóvenes en
situación de vulnerabilidad y riesgo social", como así también "se
evidenció la precariedad de los entes reguladores municipales de las
localidades de Valle Medio", tales como la "Secretaría de Trabajo, el
Tribunal de Faltas y el Digesto Contravencional provincial y municipal".
También "algunos comunicadores sociales"
cuestionaron a la víctima y preservaron "el buen nombre y honor de los
defensores de la impunidad".
Sin embargo, "gran parte de la sociedad no ha sido indiferente
al dolor de la familia Solano", dado que surgió "la solidaridad, el
respeto por la vida, la búsqueda de la verdad y la justicia, valores
fundamentales para la construcción de una sociedad democrática".
Liliana Giambelluca (Para Agencia Walsh)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012

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