El Indoamericano en el horizonte

por Claudio Mardones /

La disputa por el metro cuadrado se repite desde Buenos Aires al DF mexicano. De un lado se alistan eficaces “desarrolladores” que pueden afeitar un monte tupido en cuestión de horas o levantar torres imponentes en espacios ultra reducidos con rentabilidades extraordinarias. En el otro extremo, contingentes de desplazados se infiltran con astucia en metrópolis cada vez más blindadas y empiezan a perturbar los sueños inmobiliarios.

Entre los pliegues del boom inmobiliario argentino se libra un combate silencioso. Todos los días, en el campo y la ciudad, al compás de la expansión de la frontera agrícola y de las ganancias que produce el monocultivo de soja. Como resultado de este dinamismo económico, que algunos viven como milagro y otros como pesadilla, las toneladas de granos exportados se transforman en ladrillos y los antiguos terrenos ociosos adquieren un valor inesperado que, curiosamente, siempre está en alza.

 

Pero los buenos negocios del “real estate” se tropiezan de mala gana con quienes se quedan afuera de esa ecuación económica. Ellos son los protagonistas de un cuerpo a cuerpo silencioso, y su primera línea es un contrapunto febril de desalojos judiciales y ocupaciones de tierras que se multiplican en todo el país, bajo la marcha de una locomotora de concreto que avanza con la firmeza de las topadoras.

En esa geografía cambiante las estadísticas oficiales sólo hablan de los ganadores y de sus récords históricos de rentabilidad que van a parar a la construcción de nuevos edificios, con una recuperación del capital que supera el 20% por emprendimiento, una tasa mucho más atractiva que el interés de cualquier banco. Del otro lado, no existen datos precisos sobre los contingentes de hombres, mujeres, ancianos y niños que, día tras día, deben abandonar el techo o la tierra que habitaron, por la fuerza de un desalojo compulsivo o por la sentencia de un magistrado que, en la mayoría de los casos, jamás les notificó la existencia de un juicio en su contra.

El Partido Judicial

La tensión de la crisis habitacional no sólo recorre los límites de barrios y comunidades, también se juega diariamente en los juzgados civiles y comerciales, donde el sumidero de la ley consume miles de relatos familiares atravesados por el trauma del desalojo. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, las atávicas estadísticas del Poder Judicial aportan un pantallazo del pulso cotidiano de la batalla. En todo 2009 los desalojos y ejecuciones hipotecarias en los fueros civiles y comerciales, sumadas a las causas por usurpaciones ordenadas por la justicia penal porteña y federal, llegaron a los 6162 juicios. El dato revela que por día hábil (210 en un año), la maquinaria judicial tramita casi cuarenta juicios de desalojo. La cifra no ha bajado desde entonces, pero tampoco es la única. Ese mismo año, el Ministerio Público Fiscal porteño, registró 1206 denuncias por usurpación de inmuebles en toda la ciudad, con un promedio de tres ocupaciones diarias.

Pero la pulseada en el territorio judicial es insuficiente para develar la magnitud del desplazamiento humano forzoso por disputas inmobiliarias. Ninguna de las estadísticas habla de familias, sino de casos abiertos, por una razón de peso: no hay datos sobre la cantidad de personas desalojadas, aunque el Estado tiene la obligación de hacerlo para cumplir con pactos internacionales. Esa carencia es, sin dudas, un buen negocio.

En abril de este año, cuando la Relatora Especial sobre vivienda de las Naciones Unidas, Raquel Rolnik, llegó a Buenos Aires, recibió un informe reservado con las últimas estadísticas disponibles sobre la situación habitacional del país. Lo más actualizado y certero es de 2005, cuando la subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la Nación concluyó que unas 13.600.000 personas tenían dificultades para acceder al suelo, y que el 37% de ese conjunto, es decir, más de cinco millones de personas, tenían “graves problemas dominiales, sin título de propiedad ni seguridad de tenencia de sus viviendas o tierras”. Son los 5 millones que viven en asentamientos irregulares de todo el país, especialmente, en las 850 villas del Conurbano bonaerense y en las 47 de la Capital.

En esos barrios donde la Policía Federal, la Bonaerense, y ahora Gendarmería y Prefectura, imponen el confinamiento a sus habitantes, se perfila otro tipo de especulación inmobiliaria. Como en Villa Soldati, el barrio del sur porteño con la tasa de hacinamiento más alta de la capital, debido a la aglomeración de personas que habitan su territorio. Entre sus calles y pasillos, como en los de Villa Lugano, Bajo Flores, 21-24 de Barracas o 31 de Retiro, el alquiler de camas y piezas es el principal commodity del “real estate” villero, alimentado por quienes necesitan un techo y no cumplen con el rosario de requisitos que exigen las inmobiliarias para firmar un contrato. Cientos de miles de inquilinos que, por enésima generación, caen en la rueda del hacinamiento, una acumulación incesante que hizo trizas todas las estadísticas y se hizo patente a la fuerza en diciembre de 2010, con la ocupación del Parque Indoamericano, la toma masiva más grande de la historia de la ciudad, que terminó con tres muertos y más de diez mil desplazados encerrados en un cerco perimetral custodiado por la Gendarmería Nacional.

Aunque parezca mentira, el negocio inmobiliario también tuvo una oferta para esa necesidad. La leyó a su conveniencia, como demanda, y promovió la escrituración de lotes en las villas a la espera de que, en un futuro cercano, la mano invisible deposite esos terrenos en sus manos. La propuesta fue promocionada y defendida por el gobierno porteño de Mauricio Macri y las consecuencias comenzaron a vivirse un mes después de la difusión de la noticia, cuando la fiebre por conseguir terrenos desembocó en aquella ocupación sin precedentes, que desnudó la gravedad de la emergencia habitacional.

La crisis del Indoamericano forzó la creación del Ministerio de Seguridad y la reforma más profunda que haya vivido la Policía Federal en los últimos treinta años, pero no cambió las condiciones de supervivencia de decenas de miles de náufragos habitacionales. El 90 por ciento de las 143.000 personas que viven en los casi cincuenta asentamientos informales porteños, está en la zona sur de la ciudad.

Ecología del racismo

“Creo que hay un ciclo cumplido en las villas de la ciudad, porque ya no pueden contener a más gente”, razona la antropóloga María Cristina Cravino mientras analiza el significado de la ocupación. Trabaja como investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el organismo que en 2008 contabilizó 819 villas en los tres cordones del Gran Buenos Aires. Cravino admite que ha visto cientos de ocupaciones de tierras, pero ninguna como la del Indoamericano. “Hasta entonces, nunca había pasado que una pequeña toma se transformara en una ocupación con más de seis mil personas en pocas horas, y que hubieran tres muertos”.

Pero para ella las situaciones de violencia en desalojos no son nuevas y se han repetido mucho en los últimos años, desde la aparición de las patotas de empleados públicos de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) del gobierno porteño, la repartición que, entre 2008 y 2009, hizo más de 10.000 procedimientos nocturnos para perseguir, golpear y expulsar a personas en situación de calle. Tras esa huella, llegaron los desalojos promovidos a pedido del Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (ONABE), responsable de un centenar de desalojos violentos en distintas zonas del área metropolitana, ordenados por la Justicia Federal.

“Es cierto que antes hubo situaciones de desalojos con violencia pero hasta el Indoamericano nunca hubo muertos. Yo no recuerdo un muerto y nunca tuve registros de muertos por xenofobia, aunque sí hubo situaciones de mucha violencia en la época de Jorge Domínguez”, dice la investigadora, cuando recuerda al intendente porteño del menemismo que se hizo famoso cuando quiso arrasar un sector de la villa 31 con topadoras, durante el verano de 1996. En esos días calientes de enero, un centenar de habitantes del barrio se hizo costra en su tierra para evitar la marcha de las maquinarias que habían llegado para llevárselo todo. Hubo gritos, corridas, gases, golpes, llantos y un cura rezando ante las topadoras, pero a diferencia de la crisis del 2010, no hubo muertos.

Han pasado ocho meses desde que el Indoamericano se manchó de sangre y ya son muy pocos los que se acuerdan del ciudadano paraguayo Bernardo Salgueiro y de los bolivianos Rosemary Cupeña y Juan Castañeta Quispe. Los dos primeros fueron asesinados por balas de la Policía Federal y el tercero fue víctima de un crimen racista jamás esclarecido. “Es la primera vez que hay un muerto por xenofobia en un desalojo violento. Eran grupos que estaban amparados en el rechazo de los vecinos, pero que aprovecharon ese escudo”, insiste Cravino. Para ella, esos crímenes son parte de una inflexión: “El modelo villero está llegando a su fin, los barrios que antes no pudieron expandirse para los costados crecieron hacia arriba, con pensiones y piezas de alquiler. Ahora no hay más lugar y el hacinamiento es cada vez mayor”. Todo parece indicar que los coletazos futuros de la pelea por el techo serán imprevisibles.

El desalojo es prosperidad

El combate cotidiano por el techo transcurre en Buenos Aires con las mismas características que en otros sitios de América Latina y su saldo es igualmente negativo. Los escenarios más descarnados del desplazamiento masivo son las ciudades que mas crecieron en los últimos diez años, como Córdoba, Bariloche, Curitiba, Sao Pablo, Lima, Bogotá o el Distrito Federal de México. “Los desalojos forzados no distinguen regiones en América Latina. Se dan tanto en el ámbito urbano como en el rural, en los territorios de comunidades étnicas y en las zonas de conflictos armados, en las ciudades prósperas pero también en las áreas ambientalmente más degradadas”, analiza Sebastián Tedeschi, especialista en derecho a la vivienda y secretario letrado de la Defensoría General de la Nación. Antes de ocupar ese cargo trabajó en Porto Alegre como Coordinador para América del Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE), una organización no gubernamental de alcance internacional. Tedeschi ha recorrido casi todas las metrópolis latinoamericanas y ha podido apreciar, en vivo, cómo se repiten las mismas prácticas: “Los procedimientos de desalojo se hacen sin consultar a las personas afectadas, que no tienen los medios adecuados para su defensa. En muchas ocasiones los desalojos son precedidos por hostigamiento y amenazas y luego son acompañados por la represión. Se han cobrado miles de víctimas, algunas de ellas con pérdida de vidas humanas”.

¿Qué ocurrió en Argentina para que los desalojos se transformen en una práctica habitual e inadvertida? Menem lo hizo. A partir de 1995, camino a su reelección, el entonces presidente promovió la sanción en el Congreso de dos reformas al Código Procesal Civil y Comercial. En ambos casos introdujo un recurso que viola el derecho a defensa: el desalojo anticipado por “intrusión”, sin sentencia previa, y la ejecución especial de hipotecas que permite que el acreedor ordene el desalojo y efectúe el remate para cobrar su deuda sin necesidad de intervención judicial. Dichas reformas llevan dieciséis años de aplicación, marcan el ritmo de las expulsiones habitacionales y son la columna vertebral de la maquinaria judicial de desalojos en todo el país. Pero en Buenos Aires, desde la crisis de 2001, la ley tiene otro conjuro para las ocupaciones. En casos de “usurpación”, el nuevo Código Procesal Penal porteño también permite la “restitución” del inmueble “aún sin elevación a juicio”, un recurso legal que le ha permitido al gobierno porteño impulsar todo tipo de desalojos en los últimos cuatro años.

Aún así, sólo en territorio porteño hay más de 170 mil viviendas ocupadas. A pesar del cerrojo judicial para obtener expulsiones rápidas y de la violenta predisposición policial, la geografía de los resistentes es considerable. Según el documento antes mencionado que recibió la relatora para la Vivienda de la ONU, la disputa por el territorio “se ha resentido en Argentina durante los últimos cinco años y sus causas pueden encontrarse, tras la recuperación económica, en el acelerado aumento de los inmuebles en los grandes centros urbanos, y la expansión de la frontera agrícola en las áreas rurales, especialmente la del monocultivo de soja. Este proceso, en los últimos tres años, tuvo un aumento del 30% promedio anual”.

El conflicto, para Tedeschi, tiene raíces ancestrales: “Los campesinos e indígenas viven asediados en sus espacios rurales por la amenaza de desplazamiento de los proyectos de desarrollo y el avance de los agro negocios sobre sus tierras. Los pobres urbanos son, en su mayoría, primera, segunda o tercera generación de poblaciones campesinas, indígenas o afro, desplazadas del espacio rural durante el siglo XX. El derrotero de una típica familia que vive en un asentamiento informal en las grandes metrópolis latinoamericanas, encontrará sus raíces en campesinos e indígenas que no accedieron a la seguridad jurídica sobre la tierra, o que aún teniendo pequeñas propiedades, su economía no resistió los embates del latifundio o la tecnificación del campo y el agro negocio”.

Esa misma genealogía se encuentra en cada rincón de las periferias urbanas de nuestro país y en algunos casos, también en sus costas. En la ribera del Río de la Plata, sobre la costanera sur, la villa Rodrigo Bueno es una de las muestras de resistencia que encontraron los miembros de la misión de la ONU. El barrio alberga a 400 familias provenientes del interior de la Argentina, así como de Paraguay y Perú, y está ubicado a pocas cuadras del lujoso sector de Puerto Madero, donde el metro cuadrado supera los cinco mil dólares y la mitad de sus departamentos están vacíos. Este año un juez ordenó su urbanización y reconoció que se trata de un asentamiento con 30 años de antigüedad, mientras el holding IRSA hace lo imposible para sacarlos de las cercanías de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, donde proyectaba instalar el primer barrio privado de la capital originalmente bautizado como Santa María del Buen Ayre.

Ciudades border

“Para vivir en las ciudades o al menos cerca de ellas, los pobres buscan asentarse en la orilla de los ríos, o sobre basureros. Cuando estas personas se asientan, el poder público tolera esta situación, pero una vez que se demuestra que el área puede ser saneada y existe interés, utilizan el cuidado de la salud de los habitantes del barrio informal como una excusa para relocalizarlos”. El concepto pertenece a Tedeschi, y se ajusta a las características del Camino de Sirga del Riachuelo, uno de los escenarios habitacionales más degradados en la actualidad.

Sobre esa costa, que bordea al cauce de agua más contaminado del país, viven 2424 grupos familiares en condiciones de extrema pobreza. En 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó el saneamiento de ese curso de agua tóxica y dispuso la reubicación de las personas que habitan sobre su ribera. La medida abrió la puerta a un negocio ambiental cercano a los 900 millones de pesos y, a pesar de la decisión de la Corte, el juez de Quilmes Luis Armella, ordenó nueve desalojos compulsivos antes de exigir un plan habitacional para los afectados.

Pero no hay norma que frene el cauce febril de los desplazamientos, ni ley que regule los negocios de una casta inmobiliaria integrada por una gran cantidad de pequeños y medianos constructores de dos y tres edificios, frente al poderoso puñado de grandes desarrolladores que miran ahora la zona sur de la ciudad como el lugar ideal para impulsar proyectos antes de desembarcar en el conurbano. Unos y otros saben que el esplendor de Puerto Madero es historia pasada: ya no quedó un solo terreno para comprar y el único negocio consiste en adquirir departamentos vacíos a la espera de que su precio siga escalando. Por eso los dueños de la pelota sueñan con levantar torres de 20 pisos para ofrecer un rendimiento que permita seguir recibiendo a los inversores sojeros. A cualquier precio.

Fuente: http://www.revistacrisis.com.ar/el-Indoamericano-en-el-horizonte.html