Por Roberto Gargarella.
07/12/2012
Estoy convencido de que la iniciativa de dictar una Ley de
Medios dirigida a democratizar la palabra, cuenta con un apoyo más que
mayoritario (desde ya que cuenta con mi propio enfático apoyo). Más todavía,
estoy convencido de que la muy imperfecta Ley de Medios aprobada, a pesar de
sus defectos, cuenta con un apoyo mayoritario (desde ya que cuenta con el mío,
con obvias reservas respecto de los negocios de miembros del gobierno con
empresarios amigos). Sólo bastaría, para hacer realidad la Ley de Medios vigente,
un genuino compromiso de aplicarla ecuánimemente. Si se lo hiciera, sigo
convencido, no habría presión de grupo alguno capaz de frenarla, ni habría
conservatismo judicial capaz de derogarla o tornarla impracticable (la Corte
Suprema ya dio varias muestras de su buena disposición a favor de los mejores
principios de la Ley).
Pero no. El gobierno ha hecho hasta ahora todo peor que mal,
y es insólito que lo haya hecho, porque ha perjudicado de ese modo hasta sus
peores intereses. Por eso es entendible que tenga los problemas que tiene, para
aplicar la Ley; como es entendible que tropiece con las resistencias que se le
aparecen, antes de ponerla en marcha. Las resistencias encuentran apoyo entre
la misma ciudadanía, que mira a la Ley, cada vez más, con una mezcla de
desinterés y desconfianza. No se trata de que la ciudadanía sea conservadora,
ni de que se le haya lavado el cerebro –clásicos argumentos de la derecha. Más
bien lo contrario: la ciudadanía no se alinea con los “grandes grupos”, sino
que le da la espalda o rechaza el comportamiento tramposo y antidemocrático que
ha mostrado el gobierno, en todo este asunto.
Si el gobierno hubiera nombrado, en el organismo de
aplicación, a una persona sensata y capacitada, en lugar de alguien que ha
demostrado ser un soldado ciego (alguien que llegó a votar y justificar, desde
el “progresismo”, a la Ley Antiterrorista), además de incompetente en materia
de comunicación (y por lo tanto ilegalmente nombrado).
Si le hubiera dado cabida debida a la oposición, en el ente
regulador.
Si no hubiera usado sus peores armas, para desprestigiar, remover
y recusar a jueces sospechados de “no ser propios”.
Si no hubiera recurrido a los servicios de inteligencia,
como el Proceso en su peor momento, para apretar a jueces disidentes y
particulares díscolos.
Si no hubiera destratado a, ni se hubiera burlado de, el
mismo Presidente de la Corte.
Si no hubiera llegado a acusar a la justicia de “golpista,”
frente a la sola posibilidad de un fallo adverso.
Si no hubiera cambiado las reglas del juego contra uno de
los jugadores, y a favor propio, mientras se desarrollaba el juego democrático
–operando ese cambio de reglas de juego del modo en que siempre lo hace, es
decir, de improviso, de forma oculta, a espaldas de la ciudadanía, sin discutir
con nadie, de manera finalmente tramposa e ilegal.
Si no le hubiera impedido a la oposición participar –como lo
exige la Ley- en las discusiones relativas a la aplicación de la Ley.
Si hubiera acatado los insistentes fallos de la Corte
obligándole a distribuir de modo igualitario los dineros públicos de la publicidad
oficial, en lugar de reírse de ellos.
Si hubiera dado muestras de su disposición a organizar la
comunicación pública como si fuera de todos, en lugar de dilapidar recursos
públicos en tonterías y propaganda destinada a ensalzar a su líder.
Si no estuviera haciendo negocios prohibidos con una empresa
Telefónica, desautorizada para controlar los medios que controla.
Si no le hubiera dado el visto bueno a las ilegales compras
de medios realizadas en los últimos meses, por empresas inhabilitadas para
hacerlo, pero dispuestas a desinformar a la ciudadanía cada vez que fuera
necesario.
Si no se hubiera hecho el distraído, frente a la
participación en el área de comunicaciones de empresas extranjeras o de energía
incapacitadas para intervenir del modo
en que lo hacen.
Si no hubiera dado luz verde a desmembramientos ridículos,
inverosímiles (“la empresa ya no es mía, sino de mi hija”), ofrecidos por
algunas de las empresas amigas que alegaban así su adecuación y alineamiento
con la Ley de Medios.
Si no nos hubiera tomado el pelo de esta forma, pensando que
semejantes burlas –semejantes agravios a todos- iban a ser consentidxs por una
ciudadanía indiferente.
Si no hubiera regado sus traspiés con declaraciones
anti-democráticas, hostiles a la división de poderes y despreciativas frente a
quienes no se arrodillaban ante sus órdenes, frente a los que se animaban a
dudar apenas, de lo que el gobierno exigía.
Si hubiera dicho una sola palabra verdadera o sincera
durante todo este proceso.
Si no hubiera actuado del modo vergonzoso y vil en que lo ha
hecho, la Ley estaría siendo aplicada, y estaríamos algunos pasos más cerca de
la ansiada democratización de la palabra. No se trata de que uno se queje
porque sólo encuentra aceptable la Ley ideal; porque no está dispuesto a
tolerar comprensibles desprolijidades; porque se asusta frente a inevitables
imperfecciones; o porque es incapaz de tolerar necesarios desacuerdos. Se trata
de que el gobierno viene acumulando, desde el primer minuto en que comenzó a trabajar
en torno a la Ley de Medios, acciones ilegales e inconstitucionales, palabras y
prácticas anti-democráticas, negocios sucios, aprietes dignos de un gobierno
militar. Y en lugar de calmarse y reconsiderar lo que hace, frente a las protestas y críticas de todo
tipo que recibe, actúa lo contrario, y como suele hacerlo, desespera y acelera
desentendiéndose de las consecuencias de sus actos. Porque de los grandes
grupos privados (finalmente, del capitalismo rapaz que nuestra clase dirigente
nos lega) uno no tiene razones para esperar nada, pero del gobierno sí, porque
nos pertenece, porque vivimos en democracia, poque es la soberanía popular la
que debe prevalecer. Pero no. Resulta que estamos en guerra, con la palabra
cada vez más concentrada, con cada día más voces excluidas, con un sistema
económico cada día más brutal y desigual, con una democracia cada día más
degradada. Y este gobierno es protagonista clave de este miserable retroceso.
Fuente: http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2012/12/manifiesto-por-la-ley-de-medios.html
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