LAS COSAS POR SU NOMBRE: GENOCIDIO

COMUNICADO:

Justicia YA! La Plata

Para quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un genocidio. El secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo, que fue implementado para imponer un sistema político y económico de entrega. Dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos. Vencer ese mandato de los perpetradores fue parte de la resistencia, pero también lo fue cumplir con otro mandato: el de aquellos que no pudieron salir de los campos, el de nuestros compañeros. Ser su voz se convirtió en un deber. Denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables fue la responsabilidad asumida en estos más de treinta años por amplios sectores de nuestro pueblo que lucharon y luchan contra la impunidad.

Luchamos contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. En los alegatos de ese juicio, desde Justicia YA!, reclamamos que se reconociera que en la  Argentina se perpetró un genocidio. Antes de escuchar la sentencia, escuchamos las críticas de aquellos que decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba. Sabíamos que la dictadura había intentado "reorganizar" toda la estructura social, destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino, no encontrábamos otro nombre para ello que GENOCIDIO.

Desde ese 2006 que logramos la condena a prisión perpetua a Etchecolatz, insistimos en cada tribunal que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura. Después de estos seis años de lucha, en el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps, escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo. Y por fin escuchamos el miércoles 19 al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas de los 23 imputados, "al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio" y que por ello correspondía la condena por ese delito. La sala estalló en un grito liberador. Aplaudimos, lloramos, sentimos que al fin los tribunales empezaban a hacerse eco de lo que el pueblo gritaba hace décadas. Porque ahora sí, en el país, en el que en la calle se les grita a los perpetradores "genocidas", los jueces dicen que lo son. Y lo dicen porque luchamos y probamos que así lo es.

La sentencia del miércoles pasado fue un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular. Logramos que el TOF ordenara a los jueces de instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país. También que exhortara a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean destinados como sitios de memoria. Conseguimos que 16 genocidas fueran condenados a prisión perpetua, que al médico torturador Jorge Antonio Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel, que se revocaran las domiciliarias de los represores y que se condenara a un civil: Jaime Lamont Smart, el ex ministro de gobierno bonaerense. La sentencia significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en evidencia de todo lo que falta por hacer. Los juicios no pueden estar en su etapa de cierre, como afirma el actual secretario de DDHH Martín Fresneda, sino todo lo contrario. Falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los CCD.

Todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica. El reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros/as detenidos- desaparecidos. Ése fue el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz. Ése fue el compromiso de Adriana Calvo, que con su testimonio valiente y su lucha inclaudicable, demostró que la verdad y la justicia no transitan por carriles separados. Ése es nuestro compromiso.

  

30 mil compañeros detenidos-desaparecidos: ¡PRESENTES! 

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Insurrectos- Trabajo Social (UNLP); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata