EL PAIS -
Algo sobre el funcionamiento de la Corte. Los poderes
internos. Las razones de un peculiar liderazgo. Cómo votan los Supremos,
divergencias y acuerdos. Costumbres y secretismos varios. El arte de fallar sin
fundar. Una recorrida por el cuarto piso de Tribunales, ayudada por un libro y
un blog bien recomendables.
Los gobiernos kirchneristas obtuvieron records de
permanencia, convalidada en las urnas. La Corte Suprema que se construyó
durante la presidencia de Néstor Kirchner también bate marcas, sus siete
miembros convivieron ya durante un lapso sin comparaciones previas. Cuatro de
sus siete integrantes fueron propuestos por Kirchner, en un procedimiento
novedoso de alta transparencia y calidad institucional. Los otros tres eran
figuras rescatables del Ancien Régime. Hay, pues, vidas paralelas, en la
cúspide de dos poderes del Estado. Hay también tensiones, propias de la
dialéctica de sus facultades.
La Corte es un cuerpo colegiado cuyos miembros fueron
entrando de a uno. No tienen, por regla general, vinculaciones propias
precedentes ni integran grupos o camarillas con vida previa. No hay “bloques”
como en los Parlamentos o Concejos deliberantes.
Seguramente la mayoría de los argentinos, incluidos los bien
informados, no ubica los nombres o los rostros de los cortesanos, que ejercitan
una cuota relevante de poder. Un viejo y falaz aserto predica que “los jueces
hablan por sus sentencias”. También por ellas se conoce a la Corte: es escasa
información respecto de la cabeza de un poder del Estado. Máxime porque esas sentencias,
por lo general, están escritas en jerga inaccesible para los profanos.
La opinión pública tiene poca data sobre cómo funciona la
Corte por dentro. Contado material académico o periodístico se adentra en sus
relaciones internas, en la microfísica del poder que se trama a su interior.
Con auxilio de dos trabajos recientes que trillaron ese suelo, esta nota arrima
algunos datos, algo dispersos, sobre el vértice superior del más opaco poder
estatal.
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De un presidente a otro: Julio Nazareno, el deplorable
presidente de la Corte menemista, cifraba en su currículum y su accionar la
total sumisión al ex presidente Carlos Menem. Su poder venía “de afuera”. En el
tribunal actual, de incomparables mayor calidad y autonomía, Ricardo Lorenzetti
construyó su legitimidad desde adentro. Ha alcanzado la presidencia y la
reelección merced a una voluntad política mayor que la de sus pares y a una
ambición cuyo techo, acaso, todavía está por verse. No fue tarea menor.
Lorenzetti es más joven que sus pares, proviene del
ejercicio profesional libre, nada tenía que ver con la “familia judicial”,
prosapia que gravita lo suyo. Todos esos factores le jugaban en contra, por
tradición. Con muñeca, Lorenzetti ejerce un liderazgo respecto de sus
compañeros, aunque es patente que algunos lo siguen más que otros.
Liderar la Corte otorga una serie de facultades
interesantes. El Tribunal (esto es su titular) maneja el presupuesto de los
tribunales nacionales y federales. La coparticipación o el federalismo no
existen en ese terreno. Magistrados y camaristas que pueden dictar sentencias
de enorme relevancia tienen que pasar por las oficinas de Lorenzetti para
realizar arreglos importantes en sus juzgados, informatizarlos o pintar edificios.
Otro recurso de poder, que existe en todo el ámbito del
Estado, son las designaciones. La Corte ha ampliado su personal continuamente
en las últimas décadas y en los años recientes. Un libro bien recomendable, La
Corte en escena, de la abogada doctorada Leticia Barrera, cristaliza un estudio
de meses sobre los temas que vamos sobrevolando. Barrera cuenta que en la
década del ’60 la Corte tenía alrededor de 60 secretarios letrados, número que
creció a alrededor de los 90 en la etapa menemista. Ahora, los calcula en
alrededor de 200. Tienen, de ordinario, rango y retribución de secretarios de
juzgado o de jueces. Realizan labor silenciosa e importante. Es imposible
conocerlos a todos, por su cantidad y por su perfil bajo: el cronista da fe que
muchos tienen competencias altas y desempeños muy encomiables. De cualquier
forma, como los nombramientos no se hacen por concurso ni con intervención de
otros poderes, su existencia engrosa la influencia de los cortesanos, muy en
especial de Lorenzetti.
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Full life y edades: Carlos Fayt definió que su trabajo como
integrante de la Corte Suprema de Justicia no es solo full time sino full life.
El mismo da un sobrado ejemplo: tiene 95 años y sigue en funciones. La
Constitución de 1994 estipula que los Supremos deben jubilarse a los 75 años
pero Fayt, que revistaba desde antes en el máximo tribunal, pidió ser eximido
de esa condición y obtuvo sentencia favorable. Enrique Petracchi cumplió hace
poco los 75 años y sigue en funciones bajo el mismo criterio, aunque sin que
haya mediado otra decisión judicial. Los cuatro integrantes que incorporó
Néstor Kirchner sí deberán retirarse a esa edad. En enero de 2015 Carmen
Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni habrán cumplido los 75. El número de
magistrados se reducirá entonces a cinco. La normativa vigente establece que no
serán necesarias nuevas incorporaciones si hay cinco jueces en actividad. Elena
Highton de Nolasco llegaría a la edad jubilatoria a fines de 2017.
La referencia ilumina que la edad promedio de los cortesanos
es elevada, mucho mayor que lo que sería el promedio en la Cámara de Diputados
por ejemplo.
Fayt concurre poco a la Corte, solo lo hace los martes en
que hay acuerdos. Dosis módica en un cuerpo que, se supone, dialoga mucho.
El veterano de la Corte es quien mocionó a Lorenzetti como
candidato a presidente de la Nación. Sus pares chimentan que lo expresa a
menudo en sus reuniones y le restan importancia porque los años no vienen
solos. Ajá.
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El arte de armar mayorías: Las sentencias son la actividad
principal del Tribunal, mas no la única. Las deliberaciones previas son
intensas. Barrera reseña con minucia que buena parte del debate previo se hace
por escrito, a través de “memos” que redactan los cortesanos o sus
colaboradores. Los memos recorren los despachos, sustancian la elaboración de
las sentencias. Los memos se archivan pero no están accesibles a la ciudadanía,
solo puede consultarlos el personal de la Corte. Un tramo grande de los debates
se encripta. Cierto es que, al votar, se expresan diferencias de criterio o
hasta disidencias. Pero la sustracción de ese material al escrutinio ciudadano
es una pérdida de background que habla de la cultura judicial, más dada a
disimular que a mostrar. La diferencia con las polémicas sobre las leyes es sideral:
las posiciones no solo se extrovierten en el recinto, también en los medios.
En el interesante blog Saber Derecho, el joven jurista
Gustavo Arballo hizo un estudio infrecuente. Un análisis, en principio
cuantitativo, de cómo votaron los magistrados el último año. El relevamiento se
recomienda en su totalidad, vayan acá algunos datos a cuenta. No es la regla
que los siete magistrados sentencien en todas las causas. Las mayorías o
unanimidades se conforman con menos participación. Arballo agrega una salvedad
importante: elige los que (a su informado y sensato ver) son los 50 fallos más
importantes. En estos sí el presentismo pleno es la regla. Los motivos para que
no se vote al sentenciar pueden ser variados: problemas personales o de salud o
licencias están entre los más evidentes. Hay otros que aluden a una sigilosa
dinámica interna: Lorenzetti a veces opera para que un colega disconforme
eventualmente no vote en contra y disimule sus diferencias no participando. Los
fallos unánimes o con mayorías amplias, estima con lucidez, pueden emanar mayor
autoridad.
Los fallos unánimes (de siete o de menos) son minoría,
aunque de nuevo hacen excepción los más importantes. Eugenio Raúl Zaffaroni es
quien se expidió más en disidencia, lo que concuerda con la lectura clásica de
su perfil público. De cualquier manera, los fallos son más de 9000 y las
disidencias de Zaffaroni totalizaron 244. Carmen Argibay queda segunda en ese
podio. Le cabe también el improbable honor de ser la que lidera los rechazos de
recursos por motivos formales. El recurso extraordinario es de interpretación
restrictiva: es válido y hasta lógico que se rechace en la mayoría de los
casos. Lo legal se une a lo agradable: con ese obrar la Corte alivia algo de su
intenso trabajo. La audacia o la temeridad o torpeza de los litigantes es algo
a contener, también debe serlo el excesivo ritualismo de los jueces, un riesgo
en el que Argibay derrapa con cierta asiduidad. Los rechazos formales no se
fundamentan, se dice apenas que no se han cumplido los requisitos. En lunfardo
tribunalicio a eso se apoda “poner la plancha”, entendida ésta como sinónimo de
sello. Barrera afirma y destaca con agudeza que no se reconoce mucho: “la
plancha” es una sentencia definitiva sin un mínimo fundamento. Un acto público definitivo
y no fundado es imperfecto, sea cual fuera el poder que lo emita.
El rito es conservador en sesgo, “tira” a derecha. Zaffaroni
y Argibay fueron los jueces más cuestionados por el establishment en su
momento. Uno mantuvo su perfil e idiosincrasia. La otra sosegó sus rebeldías
iniciales, a niveles llamativos. El viraje le ha valido las apologías de
juristas, blogueros y editorialistas de derechas.
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Un hombre que es como Ohio: Juan Carlos Maqueda es un
cortesano de “los de antes del 2003”. Militante y dirigente político, el
tribunal es un estadio de su trayectoria. Como pudieran serlo, sin establecer
homologías de calidades, León Arslanian o Ricardo Gil Lavedra. Llegó a ser
titular del Senado en las meneadas jornadas de fines de 2001 y 2002. Por un día
o dos, por ausencia del país de Eduardo Duhalde, estuvo a cargo de la
presidencia de la Nación. Maqueda, cuyo perfil actual es estridentemente bajo,
es el integrante de la Corte que votó en más sentencias durante 2012 y el que
integró mayoría en más ocasiones. Arballo sacó la cuenta e, ironizando con
sutileza, lo apoda “el Ohio de la Corte Suprema, el mejor predictor de sus
votos”. Y añade “cabe preguntarse si llega a ser eso porque forma tendencias o
porque las sigue. Mi sensación: es por lo segundo”. Así parece, pero la
emergencia como aspirante presidencial del gobernador José Manuel de la Sota,
cordobés como Maqueda, alimenta suspicacias en el Ejecutivo. Su desempeño en la
Corte ha sido, empero, sistémico, para nada especialmente conservador o
antagónico con el Ejecutivo. Su pasado y su presente (que lleva varios años)
emiten señales diferentes. Su trayectoria irá dando respuesta, en un año en el
que, como todos, habrá causas resonantes para resolver. Y en el primero en que
la Corte deberá jugarse para decidir respecto de la demanda de Clarín
reclamando la inconstitucionalidad de las cláusulas antimonopólicas de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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La tensión de la novedad: La nueva Corte oxigenó al Poder
Judicial, innovó en comportamientos, va llevando una línea firme y digna en
materia de derechos humanos. Es, a la vez, cabeza e integrante de un colectivo
muy conservador. Una cinchada permanente la convoca, entre ser cabalmente
renovadora y democratizadora versus conservar su legitimidad interna.
Lorenzetti es el principal objeto y sujeto de esa tensión. Barrera relata una
anécdota ilustrativa. Le tocó asistir (fue invitada por el Tribunal) a una
audiencia pública, una de las escenografías más interesantes que creó el
Tribunal. Visibilidad, oralidad, cercanía entre “Sus Señorías” (ejem) y las
partes... elementos tan valiosos cuanto poco abundantes en el cotidiano de los
tribunales. Barrera vió, escuchó... quiso sacar una foto. El personal se lo
prohibió. Vaya si gravita el peso de lo tradicional o atávico.
El cruce de solicitadas entre magistrados producido a fin
del año pasado es testimonio y episodio de esa disputa. Varios cortesanos, sin
poner la cara ni la firma, alentaron un pronunciamiento corporativo, muy
antagónico con el Ejecutivo, muy defensor del statu quo. Lorenzetti y Maqueda
fueron los mentores, según se reveló en este diario. Firmaron entidades,
algunas muy representativas, otras meros sellos de goma.
La respuesta fue un sacudón, un principio de desafío.
Jueces, fiscales y defensores poniendo ell@s sí la cara, el nombre y el
apellido, respondieron cuestionando para pedir una Justicia legítima. A fin de
mes se reunirán en la Biblioteca Nacional para discutir a cielo abierto y sin
el patronazgo de la Corte Suprema. Una novedad enorme, un cimbronazo cultural.
Un sector del Poder Judicial hará introspección y analizará el formalismo, la
morosidad de los pleitos, el hermetismo del lenguaje, la distancia con los
litigantes, el abuso del procedimiento escrito. Y mucho más, que se verá.
Si bien se mira es una consecuencia de un nuevo estadio del
sistema democrático que le debe mucho al kirchnerismo y algo a las mejores
iniciativas de la Corte. Esta, Lorenzetti especialmente, debería rebosar
entusiasmo. Pero la lógica del poder supone control, temor a las rebeldías. Y
hay también una inercia que induce al presidente del máximo tribunal a azuzar
reflejos corporativos. Llegó adonde llegó (sorprendentemente alto) combinando
avances con defensa de intereses, pongamos gremiales. Y parte de su legitimidad
finca en los sectores más recalcitrantes de la Magistratura, que no comulgan
con su mejor perfil. Pero lo toleran porque, aunque no es uno de ellos,
defiende sus intereses, sus bolsillos y aun sus prebendas con firmeza similar a
la que tiene Hugo Moyano respecto de los camioneros.
El sacudón, incipiente y muy saludable en sesgo, empieza a
producir hechos tangibles. La defensora oficial Stella Maris Martínez convocó
en esta semana concursos abiertos para la selección del personal de su elenco.
Parece fábula, pero es algo jamás realizado. Tiene su sentido: colisiona con la
lógica de la “familia judicial”, los nombramientos se hacen desde arriba por
amiguismo, nepotismo, redes de pertenencia. Romper la telaraña es un salto de
calidad.
La agitación, la polémica pública en el más opaco de los
poderes del Estado es una gran nueva, aunque su devenir, como siempre, depende
del accionar de numerosos participantes. La primera impresión del cronista es
que algo empezó a rodar y que las aguas ya no permanecerán tan tranquilas, si
no estancadas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-213587-2013-02-10.html
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