Autonomía Universitaria: Dolores que quedan, libertades que faltan

Por Alejandra Bernat

  

El 19 de Junio de 1613 se estableció como fecha de fundación de la Universidad de Córdoba, la primera Universidad y la que luego de trescientos cinco años se plasmara como el ícono de la reforma universitaria, movimiento que alcanzara a toda la América Latina.

El 19 de Junio de 2013,  a cuatrocientos años de su fundación, la Presidente de la Nación imbuida en un relato democratizador que se expresa como parte de la contienda que lleva adelante el Gobierno contra el Poder Judicial, hizo su discurso – que luego con matices reiteró en el acto del 20 de junio en la Ciudad Rosario – donde contrastó a su entender realidades de resultados de procesos históricos: el de la reforma universitaria que caló  profundamente derrumbando parcialmente el sistema de castas que gobernaban el pensamiento y la educación contra el sistema corporativo del poder judicial nacional.

Quizás debería recordar ahora que el ícono de la reforma donde la Presidente habló con loas del ejemplo democrático del gobierno universitario es la Universidad cuyo Rector y Consejo Superior ha intervenido atacando sistemáticamente en este último período a los docentes de los Colegios Preuniversitarios que reclamaban por sus derechos.

No se trata aquí de adentrar en las consideraciones que hacen al debate político sobre la reforma judicial, donde ni Gobierno ni opositores republicanos de todo tinte y color plantean una democratización real del sistema judicial actual, y donde los más abyectos adoctrinados k y opositores a su modo deforman permanentemente  conceptos como “voluntad popular”, “representación democrática” – si aún se pretendiera entender que en el sistema social actual estos conceptos pueden tener un eco válido – . Pero viene a cuento este tema cuando se pretende oponer a las carencias democráticas del poder judicial las supuestas virtudes existentes de un sistema universitario democráticamente representativo. Más que una falacia, se trata de un discurso de embustes y artero.

El sistema universitario actual lejos de ser la panacea de la democracia popular, se ha consolidado como sistema de castas donde cada Universidad es dirigida por una camarilla gobernante que lejos de ser representativa del conjunto de la comunidad educativa responde a intereses corporativos ligados a los diferentes negocios que les ofrece el sistema capitalista actual en este país. Los convenios con grandes empresas son moneda que corre en una tendencia creciente que privatiza el conocimiento. Los negocios con los Monsanto, La Alumbrera, Laboratorios, Empresas Automotrices, etc… dan cuenta del interés subyacente y tan alejado de una supuesta función social que debería regir la producción científica y académica de nuestras “Altas Casas de Estudio”.

La carencia de una planificación educativa y del presupuesto necesario que ponga a estas Universidades al servicio de las grandes mayorías populares sigue perenne y se revela en cada negocio.

La autonomía universitaria se opone para vulnerar los derechos más básicos de los trabajadores. La inexistencia de un convenio colectivo de trabajo para todos los docentes universitarios que regule mínimas y necesarias condiciones laborales también da cuenta de ello. Una discusión varada que lleva años donde el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales junto al Ministerio de Educación imponen preliminarmente cláusulas que ya anticipan la suerte de lo que aún no es: podrá haber un convenio nacional pero cada Universidad en función de la autonomía podrá desentenderse de él si así se dispone.

La autonomía universitaria es transformada en su concepción histórica y se la fogonea discursivamente para disfrazar una supuesta defensa de no intervención del poder gubernamental de turno por la legitimación de un poder actuar desconociendo derechos humanos básicos reconocidos constitucionalmente: como el derecho a trabajar recibiendo una remuneración justa y la protección del trabajador contra el despido arbitrario. A poco que uno da cuenta de que en la Universidad trabajan docentes que no cobran ningún salario, no tienen cobertura social ni frente a riesgos del trabajo, o han sido contratados precariamente, o son despedidos sin justa causa ni son indemnizados… La autonomía de las autoridades es la autonomía bajo la cual crecen día a día en cifras de cientos y miles los docentes ad honorem, los interinos, los cesanteados.

Una democratización inexistente, ya que una casta profesoral sigue siendo la directora de la Universidad, casta sobre representada con relación a la decena de miles de docentes y cientos de miles de estudiantes. Una autonomía ultrajada.

Gobiernos universitarios donde conviven y superviven los acuerdos políticos, donde la mano del Gobierno y la oposición republicana no dudan en estrecharse para mantener sus negocios y para desconocer derechos elementales. Así, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires cuenta con un gobierno universitario donde kirchneristas, filo kirchneristas, radicales de la reforma, radicales pro, macristas, cartistas y no cartistas, populistas y republicanos se anudan y desanudan en su conveniencia y marchan todos juntos cuando se trata de defender ese derruido y corrompido sistema de castas que le permite una autonomía patronal que confronta cotidianamente con trabajadores docentes y no docentes, y estudiantes.

Demás está recordar que las Asambleas Universitarias donde se produjeron la elección y reelección del Rector de la Universidad de Buenos Aires en los años 2006 y 2009 se realizaron en el Congreso Nacional con el aval del Poder Legislativo, fueron legitimadas por el Poder Judicial a través de jueces contenciosos nacionales que declararon la legalidad del adelantamiento y superposición de mandatos como sucedió en el año 2009, y se garantizaron con represión mediante a cargo de la policía federal que depende del Poder Ejecutivo Nacional.

Un discurso mendaz que claramente tiene la función de ocultar la realidad existente en nuestras Universidades no puede rebatirse sólo a través de otro discurso.

La apertura de un proceso genuinamente democratizador se ha puesto nuevamente en evidencia. Este proceso deberá reunir a todos aquellos que con independencia de los gobiernos de turno exprese un programa que atienda a la defensa legítima de los derechos de trabajadores y estudiantes. La democratización de la Universidad no es un problema institucional o formal, es un problema concreto, material que implica no soslayar que intereses presentes están en abierta confrontación, en pugna permanente. No hay gobierno universitario que implique la representación de todos los sectores de la Universidad si lo que se defiende son los intereses de corporaciones, de empresas, mineras y grandes laboratorios, porque esos intereses son contrarios a un conocimiento dispuesto al servicio del pueblo y respetuoso de derechos básicos y elementales. No lo podrá haber, es contranatura.

Los dolores que nos quedan, son las libertades que faltan y las libertades que faltan no pueden ser realizadas si quienes debieran realizarse desde la humanidad más simple están condicionados materialmente en su subsistencia.

El obsoleto andamiaje que aún monopoliza el debate sobre democracia, legitimidad y participación se pone en cuestionamiento, si la voluntad y la conciencia existe, de la misma manera que la copa de cristal, a pesar de ser de tan noble material en su carácter esencial la aqueja la fragilidad.