ABORTAR - ENTRE DELINQUIR Y PECAR

Artículo de Mariano Jegier, miembro de Abogados en Cooperativa.

DEL DICHO AL HECHO

No se puede hablar de aborto.

De todos modos se estribilla e instala la declamación pública que lo nombra.

Por lo general, la cuestión regresa a la playa del derecho arrojado por una marea trágica. Restos de naufragios ocurridos en los bordes de lo legal.

Cada vez que se instala la aparente discusión sobre el tratamiento legal del abortar irrumpen posiciones irreductibles que niegan a la contraria derecho a la palabra. 

Es lógico. Pro y Anti abortistas argumentan desde órdenes normativos diferentes. Los unos desde el derecho –general y obligatorio- y los otros desde la moral –particular y disponible-.

Cuando eso pasa la representación simula democracia con la aparición monológuica de las mismas voces desinteresadas.

Ese desinterés no proviene del altruismo ni de la apatía. Las voces alzadas en falsete son desinteresadas porque sus balbuceos son puramente teóricos.

La única voz interesada y autorizada para decir algo sobre la interrupción voluntaria del embarazo es la silenciada opinión personal de la mujer gestante.

No es casual que sea la voz no escuchada, la voz acallada, la voz enmudecida.

El poder es masculino, patriarcal, macho. La palabra es potestad del poder. La mujer -que es eso otro del poder- tiene negada la palabra.

Bien dicen que un acto vale más que mil palabras. Si desde el poder se le niega el derecho de decir la mujer desborda el cauce jurídico y vive en el mundo real. Y resulta que el aborto es un dato de la realidad. Que las mujeres abortan.

Hablemos, pues, del abortar.

DE PREFIJOS Y PREJUICIOS

Un prejuicio no es otra cosa que una opinión inamovible y a priori sobre un asunto cualquiera. O sea que se trata de un juicio previo y fijo.

Los prefijos son partículas que al colocarse al frente de otra palabra le otorgan un sentido que es un  juicio de valor. O sea que se trata de valoraciones que enjuician previamente.

Resulta que llamados a tomar partido públicamente con relación a la interrupción voluntaria del embarazo somos puestos ante la disyuntiva de ser PRO o ANTI abortistas.

Ser Pro sería decir SI al aborto. Ser Anti es negarlo absoluta y rotundamente.

De todas formas, los supuestos opuestos se parecen en los fines perseguidos. Pro y anti abortistas defienden la vida. Aquellos los de la mujer gestante y estos los del niño por nacer. Elegir entre una vida y otra vida está fuera de la competencia humana. ¿Cuál es más importante? Ambas y ninguna.

Acto seguido dudo y digo. Los llamados proabortistas no están a favor del aborto -como dicen sus contrarios- sino que plantean la necesidad de legalizar la práctica.

Seamos sinceros, ¿puede alguien estar a favor del aborto? O sea, ¿a qué dice que si el proabortista?

LA UNICA VERDAD

La interrupción voluntaria del embarazo es una intersección donde chocan argumentos de orden legal, moral y político. Pero mientras en el parlamento y los medios se discute sobre su conveniencia, moralidad y legalidad lo real es que el aborto es una práctica ampliamente aceptada y socialmente extendida.

Digo que es ampliamente aceptada por cuanto de su realización no resultan consecuencias sociales o penales ni para los médicos ni para las mujeres. No hay escrache ni señalamiento de la mujer abortante ni de las clínicas donde, se sabe, se practican abortos. Todavía más, aun cuando permanece tipificada en el Código Penal no se verifica persecución judicial ni condenas por la realización de este tipo de intervenciones.

Sostengo que es una práctica socialmente extendida pues se verifica por igual en mujeres de todas las clases sociales.

Ahora bien lo que hace que todavía sea una cuestión que esté en el horizonte del derecho es la realidad de que no son las mismas las consecuencias que, de la realización de un aborto o de su posibilidad, resultan para las mujeres de acuerdo a la situación económica y social.

Cuando se trata de mujeres con acceso al sistema privado de salud la práctica abortiva se lleva a cabo en un marco adecuado de profesionalidad, asepsia, control y confort, minimizando los riesgos para su vida y su salud, amén de respetarse sus derechos sexuales y reproductivos por no sufrir intromisiones ni cuestionamientos sobre la pertinencia y oportunidad de la realización del aborto.

Por el contrario, en el caso de las mujeres de las clases asalariadas y excluidas nos encontramos ante un escenario completamente diferente. En efecto, aquí se verifica una situación de vulneración de derechos cuyas consecuencias van desde la falta de atención médica hasta la misma muerte de la mujer que decidió interrumpir la gestación.

Esto sucede fundamentalmente porque el mantenimiento del aborto como un delito impide su realización en los centros públicos de salud condenando a las mujeres que carecen de los medios para sufragar la intervención en forma privada a caer en un circuito informal y/o clandestino donde no están garantizadas los requisitos técnicos y profesionales que permitan una atención adecuada y segura.

Esta situación, objetivamente injusta, expone lo que sucede cuando la ley simula ser derecho. Lo legal termina por  estructurar un reflejo infiel y deformado del mundo de la vida. Un relato del género de la ficción que desconoce lo que sucede en realidad y condena a la igualdad a una mera declaración.

Ya no se trata pues de decidir si se permite o se prohíbe algo que ya se hace sino de cómo hacemos para lograr que en ese hacer no se violen los derechos humanos fundamentales de las mujeres.