Por: Martín Caparrós | 15 de marzo de 2012
Fue la tapa de todos los diarios: la Corte Suprema de
Justicia dictaminó que está mal que no se cumpla una ley de 1921. La ley dice,
entre otras cosas, que las mujeres violadas tienen el derecho de abortar, y los
médicos públicos el deber de hacérselo. Y que no se necesitan más mediaciones
ni consultas ni autorizaciones judiciales. Parece poco, y sin embargo el nuevo
jefe de los católicos apostólicos romanos argentinos, José María Arancedo,
salió a decir que "debilita mucho la defensa de la vida; el aborto se justifica
solamente en una declaración de que la mujer ha sido violada, sin la necesidad
de que haya que ver quien ha sido el violador: el violador acá parecería que es
inocente". Parece poco, y sin embargo tardará meses en poder aplicarse por
cuestiones "burocráticas". Parece poco, y eran tan frecuentes los
casos en que el aborto no se hacía por esas reticencias.
Eran los errores y excesos del sistema, los que
soliviantaban. El aborto, mientras tanto, sigue siendo ilegal en casi todos los
demás supuestos –salvo cuando corre peligro evidente la vida de la madre.
Aunque decir que es ilegal debería ser ilegal: en realidad, cada año se
practican cientos de miles de abortos en la Argentina y la ley no los estorba.
El aborto –la práctica del aborto– participa de la misma hipocresía común que
hace que para el fisco las propiedades valgan una fracción de su precio
verdadero o que más de un tercio de los trabajadores esté en negro –con perdón
de las comparaciones.
El aborto existe. No es eso lo que se discute cuando se
habla de su legalidad o ilegalidad; se discute quién puede hacerlo sin peligro.
Las mujeres de clase alta o media -muchas de ellas muy cristianas- abortan en
centros bien equipados y se van a sus casas tras un par de horas; el aborto
solo es realmente peligroso para las mujeres pobres que no tienen los mil
dólares que puede costar en Buenos Aires. El peor riesgo del aborto es para los
miles y miles de mujeres que cada año deben recurrir a consultorios ranfañosos,
curanderos, amigas con ideas –y se mueren: cada tres días una mujer argentina
se muere de un aborto mal hecho. Aquí también las diferencias de clase son
decisivas: como en cualquier situación médica pero un poco más.
El aborto no es ilegal: es clasista, injusto, otro gran
momento de la desigualdad social. También ahí una redistribución real de la
riqueza –bajo forma de acceso a la salud– salvaría muchas vidas. Por eso muchos
quieren, desde hace mucho, legalizarlo: para que las mujeres más pobres tengan
el derecho que tienen las más ricas a decidir cuándo y cómo tener hijos. Para
que reproducirse no sea un error o una accidente sino una elección. Y la
sociedad argentina está bastante de acuerdo: según distintas encuestas, dos
tercios de compatriotas y compatriotos están a favor.
Es el resultado de la larga, incansable campaña de grupos de
mujeres que llevan años hablando del asunto. Son las que se reunieron el 8 de
marzo en la plaza de Mayo apoyadas por la izquierda y centro izquierda, y
volvieron a pedir aborto legal para todas las que lo necesiten; mientras tanto,
en Congreso, muchas menos mujeres kirchneristas se encontraron alrededor de
unos discursos ambiguos, indecisos.
Es el nudo del asunto. Hace unos días una de esas antiguas
militantes me decía que ellas lanzaron en 1991 una campaña para romper el silencio
de la sociedad sobre el tema y que era curioso que ahora, veinte años después,
cuando la sociedad discute, el silencio que hubiera que romper fuera el del
poder.
Aunque, en realidad, el poder kirchnerista ha hablado alto y
fuerte. En su último acto antes de ganar su primera presidencia, por ejemplo,
Cristina Fernández discurseó contra el aborto y, justo antes de asumir, recibió
al secretario de Estado papista, cardenal Bertone, y le entregó como prueba de
buena voluntad la cabeza de su ministro de salud, Ginéz González García, que se
había peleado demasiado con la iglesia de Roma a causa de sus avances en salud
sexual y reproductiva.
Fernández ya había dicho, años antes, todavía senadora, que
no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto “porque soy católica,
pero también debido a profundas convicciones”. Y que “es verdad que el aborto
es una cuestión que debe ser instalada en la sociedad, pero no está aún en la
agenda política de la Argentina como tema de debate”: como si el trabajo de los
líderes no fuera, precisamente, instalar los debates que les parecen necesarios
–y como si la iglesia romana no empuñara el tema como antaño la espada y la
cruz.
Y después poco más, y si la cuestión aparece su gobierno la
acalla. Fue muy claro en octubre pasado, cuando se planteó la discusión de la
legalización en el Congreso y los diputados oficialistas no dieron quorum en la
comisión. En esos días el ministro de Salud Juan Manzur, conocido por falsear
las estadísticas de mortalidad infantil de su provincia, dijo que el tema del
aborto no estaba en la agenda del gobierno, y el ministro de Justicia Julio
Alak lo repitió, por si alguno dudaba: “La Presidenta decidió que el tema no
esté hoy en el debate”. Después Fernández se lo confirmó al nuevo jefe de los
curas, Arancedo, y todos happy como chanchos chinos.
“Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera
nuestro proyecto de vida. Somos instrumento de su voluntad divina. En
consecuencia tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios. En este
sentido, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un
principio esencial. Por eso nosotros estamos en contra de cualquier política
abortista. Defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno
materno. Dios nos permite a través de la vida crecer conjuntamente con una
comunidad que inexorablemente organizada en valores humanos esenciales,
cristianos centralmente, es lo que nos permite trascender. El sentido de la
vida es un sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia, finalmente,
es el camino de Dios”, dijo hace poco en un video Jorge Capitanich, gobernador
oficialista del Chaco y tercero en la conducción del partido de la señora
presidenta. El segundo, recordemos, es Daniel Scioli, que en su última campaña
electoral se mostraba de rodillas con su señora –pero rezando. Su slogan era
“Yo creo en Dios”.
El gobierno lo ha dicho y repetido: no lo quiere. Y el
gobierno controla el parlamento, así que se podría pensar que el aborto no
tiene ninguna posibilidad de ser legal en la Argentina próxima. Yo no estaría
seguro. Podría serlo si el kirchnerismo sigue con sus patinazos de estas
últimas semanas. Si sigue maltratando a su ala progre –y a buena parte de la
sociedad– con leyes de terror, represión ciudadana, masacres ferroviarias,
neoliberales guitarreros y ajustes crecientes, el aborto tiene bastantes
posibilidades de salir adelante. Muchos kirchneristas integran esos dos tercios
de la población que está a favor de su legalización: que querría esa forma de
la redistribución, ese ataque a la desigualdad. Y muchos necesitan,
últimamente, que les tiren alguna golosina.
Las convicciones no parecen ser problema. El gobierno del
cambio –el gobierno opositor– tampoco quería promulgar la ley de medios ni el
matrimonio gay ni la asignación universal, y al final terminó por convertirlos
en banderas. Lo hicieron en 2009, en un momento de retroceso; este se viene
pareciendo. Así que no sería raro que repitieran un mecanismo que funcionó tan
bien: que alegraran a un sector importante con un par de medidas eficaces.
Y si a la señora presidenta no le gusta el aborto, mejor
para ella. Tiene la oportunidad inmejorable de subirse al banquito y decir, la
vista al más allá, que promulga una ley con la que no acuerda sólo porque
quiere respetar la voluntad popular: pura elegancia, peronismo fino. Nos daría
una lección de amplitud democrática. ¿Se la imaginan? Sería otro gran momento
de la Patria.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíe su consulta, contestaremos a la brevedad en el horario de Lunes a Viernes de 09 a 19hs.
Saludos cordiales.