Además le atribuyen “tomar partido” por los
funcionarios, al no ordenar indagatorias.
26/03/12
La abogada María del Carmen Verdú, que
asiste al menos a dos querellantes en la causa por el accidente ferroviario de
hace poco más de un mes en Once, acusó al juez federal Claudio Bonadio de
“tomar partido” por los funcionarios y empresarios a los que ella imputó por
homicidio.
“Que el juzgado no haya ordenado ya las
indagatorias de los empresarios y funcionarios está señalando una toma de
partido que va en contra de lo que nosotros estamos planteando” , expresó ayer
Verdú a Radio América.
La abogada sostuvo además que ve con
“muchísima preocupación que no se haya hecho desde la investigación judicial
una representación de los funcionarios”. Esto es, de acuerdo con la abogada,
que la óptica del juez no incluiría las eventuales responsabilidades penales de
los funcionarios nacionales y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires
(TBA) a los que ella acusó.
Bonadio prohibió salir del país sin su
permiso a unas tres decenas de funcionarios y directivos de TBA y su
controlante, Cometrans, pero al único imputado que indagó por ahora fue al
maquinista de la formación que chocó el 22 de febrero en Once. Allí murieron 51
personas. El juez caratuló el caso como un “estrago doloso”. Entre los
funcionarios con prohibición de salida se encuentran el ex secretario de
Transporte Juan Pablo Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario,
Antonio Luna.
La familia del maquinista de la formación,
Marcos Córdoba, teme que éste se convierta en el “chivo expiatorio” del
accidente y que las responsabilidades de los funcionarios estatales y
directivos de la empresa se diluyan en el tiempo.
Al presentar sus dos querellas -esta semana
hará otras en nombre de otras víctimas- la abogada Verdú pidió investigar el
caso bajo la figura de homicidio e imputó por ello al ministro de
Planificación, Julio De Vido, Schiavi, Luna y otros funcionarios y a los
directivos de TBA.
“No decimos que hubo una decisión
deliberada de matar a personas sino que la decisión deliberada, y teniendo los
medios a disposición de hacer otra cosa, fue no cumplir con la obligación para
ambas partes, funcionarios y empresarios ”, sostuvo Verdú.
“Esta decisión fue deliberada, basada en
ánimo de lucro . Hay intencionalidad para que se produjera un resultado que
todos sabíamos que era posible en algún momento”, agregó la abogada.
De acuerdo con ella, la posibilidad de un
choque en los trenes de la ex línea Sarmiento era “ altamente probable a partir
de accidentes anteriores con víctimas y advertencias formuladas por los propios
trabajadores y delegados de la línea Sarmiento y de organismos oficiales”, en
referencia a la Auditoría General de la Nación.
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