De las 33 familias desalojadas el pasado lunes del hotel
familiar ubicado en Brasil al 1800, sólo 5 aceptaron un subsidio de 1200 pesos
para buscar un nuevo alojamiento. La Sala II del fuero Penal, Contravencional y
de Faltas deberá resolver la apelación presentada por el defensor oficial
Federico Stolte. En la tarde del jueves, las familias desalojadas realizaron un
“colchonazo” frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Por Angie Carnevali
A cinco días del desalojo de un hotel familiar del barrio de
Constitución, la mayoría de las familias aún se encuentran en situación de
calle, acampando frente al edificio de la calle Brasil al 1800. En el día de
ayer, hombres, mujeres y niños desalojados realizaron un “colchonazo” frente a
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en repudio del operativo realizado por la
Policía Metropolitana por orden de la jueza María Fernanda Botana en el marco
de una causa por usurpación, y en reclamo de soluciones habitacionales.
Según informaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social
de la Ciudad, a las 33 familias afectadas por el desalojo se les ofreció desde
un primer momento alojamiento en paradores y también ayuda financiera, pero que
no fue hasta el día jueves que un puñado de personas (unas 5 familias)
aceptaron un subsidio por 1200 pesos para reubicarse.
Desde la Defensoría General de la Ciudad informaron que ya
fue sorteada la apelación presentada por el defensor oficial Federico Stolte
contra el desalojo dictado. Será la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas la que deberá resolver los cuestionamientos
planteados sobre la orden dictada por la magistrada. La defensa plantea que la
jueza no se ajustó al pedido de la fiscalía que solicitaba la liberación de una
única habitación, la 2, y que atendiendo al pedido del denunciante –el
propietario del fondo de comercio del hotel- autorizó el desalojo de todas las
habitaciones sin escuchar a quienes vivían en el hotel hace años y que incluso,
en varios casos, pagaban el alquiler con subsidios de la Ciudad.
En paralelo con la apelación, la Defensoría General de la
Ciudad se mantiene firme en la intención de llevar a juicio político a la jueza
María Fernanda Botana. La semana próxima, la Comisión de Disciplina y Acusación
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad comenzará a estudiar la denuncia
presentada contra la jueza.
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