Antecedentes de la represión a los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal

Boletín Electrónico Periódico

Año 7 Nº 77 -   

El sábado 25 de agosto la policía de la provincia de Salta reprimió en dos ocasiones a los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, quienes se encontraban manifestando en la ruta nacional n° 50 y en la puerta del establecimiento.

La acción policial incluyó la intervención en barrio Villa Las Rosas, cercano al lugar donde se manifiestan los trabajadores, donde los miembros de las fuerzas represivas ingresaron a las viviendas de los trabajadores y lanzaron gases lacrimógenos que también afectaron a las familias de los trabajadores. Incluso, una niña de dos años fue herida con perdigones policiales.

La reacción popular transformó un conflicto sindical, en una protesta contra la represión, que incluyó tanto a los trabajadores del ingenio como a sus familias y a la población en general. La represión policial dejó un total de 40 heridos, entre ellos dos trabajadores con heridas de balas de plomo en sus piernas.

En este momento, donde el conflicto no se ha resuelto y donde persiste la amenaza de que se profundice la represión, es necesario identificar los antecedentes que precedieron a esta situación, y puntualizar las responsabilidades que le caben tanto a la empresa, como a los gobiernos provincial y nacional.

La empresa Tabacal Agroindustrias, controlada por la multinacional norteamericana Seaboard Corporation, se hizo cargo de la administración del Ingenio San Martín del Tabacal, que históricamente había sido propiedad de la familia Patrón Costas, hace poco más de quince años.

Desde entonces, la empresa ha desarrollado una política de reducción de la cantidad de trabajadores, para concentrarse en tres divisiones: producción de azúcar (es el tercer ingenio del país), generación de energía eléctrica y producción de alcohol anhídrido para el biocombustible (es el mayor productor del país).

Como consecuencia de este proceso, mientras que en la década del ‘60 el 80% de la población del pueblo de Hipólito Irigoyen trabajaba en El Tabacal, actualmente esta proporción no llega al 25%. La empresa, lejos de crear nuevas y más fuentes de trabajo, redujo notablemente su participación en el empleo local.

En los últimos años la empresa ha tenido una manifiesta actitud antisindical, y ha intentado por múltiples vías desarticular la organización de los trabajadores. Ello ha incluido la presentación de denuncias penales en el marco de los conflictos laborales, la adopción de represalias antisindicales, principalmente despidos de trabajadores que reclamaban por sus derechos, y también el intento de intervenir en la elección de la conducción del sindicato.

Sin embargo, los trabajadores han persistido en su búsqueda por recuperar derechos, logrando entre otras cuestiones una fuerte recuperación salarial en los últimos tres años. Esta lucha ha sido encabezada por el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal, que a comienzos de este año fue reelecta por el conjunto de los trabajadores.

Este año las patronales adoptaron una postura intransigente ante el reclamo de los trabajadores por un salario inicial de $ 5.000 y por una mejora en las condiciones de trabajo para los tercerizados. En el marco de los reclamos que el sindicato llevaba adelante por dicha recomposición salarial, la empresa decidió el despido de 57 trabajadores, lo que no hizo más que agravar el conflicto. Además, luego de dichos despidos, y como respuesta a las protestas que efectuaban los trabajadores, que incluían paros de cuatro horas por turno cada 24 horas, fue la propia empresa la que implementó un lock out patronal, cerrando sus puertas e impidiendo el ingreso de los trabajadores al establecimiento.

El 21 de agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su delegación local, dictó la conciliación obligatoria. El sindicato rechazó dicha medida, y presentó los recursos administrativos correspondientes, ya que el propio ministerio había dictado la conciliación obligatoria, por el mismo reclamo, a mediados del mes de junio. De acuerdo a la ley 14.786 la conciliación obligatoria solo puede ser dictada una vez en cada conflicto.

Sin embargo, el 24 de agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación volvió a insistir con su intervención, y en esta ocasión intimó al sindicato y a los trabajadores a retomar tareas bajo apercibimiento de imponer una multa y de peticionar en sede judicial la cancelación o suspensión de la personería gremial del sindicato. Se trata de la misma metodología que recientemente utilizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el conflicto de los trabajadores del subterráneo porteño.

Insólitamente, el dictado de la conciliación obligatoria no incluyó ningún tipo de requerimiento a la empresa. Puntualmente, no la obligó a dejar sin efecto los despidos, pese a que contaba con facultades para ello, ni tampoco se pronunció sobre el lock out patronal. Es decir, para el Ministerio de Trabajo de la Nación la empresa puede despedir a trabajadores que reclaman por sus derechos, pero ellos no pueden recurrir al ejercicio de la huelga para defenderse de dichos despidos.

La actuación del Ministerio de Trabajo de la Nación es funcional a los intereses de la empresa, quien pretende profundizar la política de reducción y tercerización del personal, debilitando de esta manera la organización sindical de los trabajadores y precarizando aun más los derechos laborales.

La intransigencia patronal, favorecida por la intervención de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación, recibió un nuevo respaldo a través de la actuación del Gobierno de la Provincia de Salta, quien dispuso la intervención de las fuerzas policiales para reprimir a los trabajadores. De esta manera, tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional contribuyen a que la empresa profundice su estrategia de precarización laboral: el Gobierno Nacional, a partir de una actitud parcial de la delegación local del Ministerio de Trabajo, que restringe arbitrariamente el ejercicio del derecho de huelga y avala los despidos decididos por la empresa; el Gobierno Provincial, en tanto asume la tarea de reprimir a los trabajadores que reclaman por la plena vigencia de sus derechos.