El proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para el debate del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación representa grandes avances, pero aún sigue considerando como
persona jurídica de carácter público a la iglesia católica, lo que supone un
privilegio que el campo democrático y progresista no puede permitir.
En particular, resulta
fundamental la modificación del art. 33 del actual Código Civil, que establece
que la iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, lo que le
otorga un estatus excepcional en nuestro marco jurídico con beneficios
comparables a cualquier institución del Estado. Esto hace, por ejemplo, que sus
bienes sean inembargables.
Este privilegio está
en franca contradicción con los principios de igualdad ante la ley, libertad de
culto y conciencia y laicidad del Estado plasmados en nuestra Constitución y en
los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Cabe destacar que tal
prerrogativa no deriva directamente del art. 2º de la CN y es de hecho de
origen relativamente reciente ya que surge de una modificación introducida por
"ley" del dictador Juan C. Onganía en el año 1968.
Así, la modificación
de tal artículo dejando, por omisión, a la iglesia católica entre las personas
de carácter privado, como cualquier otra organización, vendría simplemente a
reparar la injusticia cometida por un gobierno de facto que decidió aumentar
las prerrogativas de la iglesia católica.
Desde la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto, al igual que otras organizaciones que ya se
han manifestado, no comprendemos ni aceptamos esta concesión a una institución
religiosa que ha sido cómplice de dictaduras, con una moral anclada en el
pasado y principal opositora a los avances en los DDHH de todas las personas,
pero especialmente de las mujeres.
Abogamos por un Estado
laico como premisa fundamental para la radicalización de la democracia. La
decisión de cuestionar, de disentir, de pensar de manera diferente, contribuye
a una cultura abierta y a un pluralismo que permite la convivencia en paz. La
verdadera democracia exige un estado que tenga en cuenta a la gente, que
permita distintas maneras de pensar y actuar y
que haya mecanismos políticos que garanticen los derechos de todas las
personas. Esto no puede lograrse sosteniendo privilegios a la iglesia católica.
Sólo la separación
entre Estado e iglesia será garantía del respeto por el pluralismo religioso
existente en nuestra sociedad y reaseguro de la libertad de culto, pensamiento,
opción política e ideológica. Desde la Campaña por el derecho al aborto
defendemos esta perspectiva como aspecto central de la profundización de la
democracia y de la posibilidad de avanzar en el cumplimiento integral de los
derechos sexuales y reproductivos, que forman integral de los DDHH.
Esperamos que los
integrantes de la Comisión bicameral que están llevando adelante tan importante
tarea, sigan inspirados en las reformas que mejoren la calidad institucional y
democrática en pos de mayor inclusión e igualdad. Este aporte consideramos
contribuye para estos objetivos.
Educación sexual para
decidir
Anticonceptivos para
no abortar
Aborto legal para no
morir
http://www.derechoalaborto.
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