Desocupado, marche preso

02/08/2012 By Marina Dragonetti (@misantapeluca)

Las Heras, Santa Cruz: Cinco ex trabajadores fueron detenidos durante la toma de una planta de YPF para exigir trabajo. Podrían enfrentar penas de hasta 10 años.

El jueves pasado cinco manifestantes fueron detenidos, luego de la toma de la planta deshidratadora de YPF, ubicada en la localidad santacruceña de Las Heras, cuando reclamaban por la efectivización de un acuerdo municipal que prometía su reinserción laboral en la empresa petrolera. Según fuentes periodísticas locales, el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1, a cargo del Dr. Eduardo Quelín, ordenó el desalojo y arresto de Javier Quintín Chávez, Rubén Armando Ventura, Exequiel Maximiliano Porto, Rubén Darío García y Francisco Alejandro Velázquez, aduciendo que éstos se subieron a un tanque de las instalaciones y amenazaron con volar la planta LH3. El juzgado informó que “todavía se tienen que producir pruebas que quedan pendientes -entre ellas- elementos secuestrados que tendrían líquido combustible”.

Según el diario OPI Santa Cruz el intendente Teodoro Camino “ratificó que la detención se produjo ante la peligrosidad de la acción de los desocupados”; sin embargo, Marcelo Barab -dirigente de la Corriente Clasista y Combativa- aseguró que la protesta fue pacífica: “La versión de las molotov la está haciendo correr el intendente Camino. Es una barbaridad”, concluyó. El abogado defensor, Walter Carrasco explicó que la causa se agravó porque se encontró en el lugar “un bidón de combustible, pero es absolutamente mentira lo de la bomba molotov. Si el intendente lo dijo está faltando a la verdad”.

Los delitos por los que se los acusa son variopintos, desde el empleo de “resistencia a la autoridad”, hasta la afectación maliciosa del “normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial”. Invocando la violación de los artículos 174, 237 y 149 del Código Penal, los detenidos podrían enfrentar penas de hasta diez años.

Los manifestantes pertenecen a un movimiento de desocupados conformado por ex trabajadores petroleros, ex empleados de empresas subcontratistas y mujeres que cobraban planes sociales a las que se les quitó el beneficio. Hace 5 meses que este colectivo viene reclamando por puestos de trabajo y el último incidente estuvo relacionado al inclumplimiento de un convenio con las autoridades municipales en el que se prometía la incorporación de los trabajadores a la planta de YPF.

Este es el último capítulo de una larga seguidilla de embates contra movimientos de trabajadores en la zona: “Las Heras y Pico Truncado tienen mucha historia de represión en las rutas, desalojos violentos, tomas de plantas petroleras, de tanques. Esta planta es un lugar de mucho conflicto: siempre que hubo conflicto con docentes o petroleros, cortaron LH3 porque es la planta de aprovisionamiento de gas y petróleo. Hay uno o dos incidentes por año, con este tipo de resultados”, señaló el periodista Rubén Lasagno.

“Ahora son estos 5 compañeros pero hace 15 días atrás eran otros 5 que habían ingresado al Sindicato Petrolero para reclamar por qué no había elecciones. Se los acusó de querer tomar el gremio y se los llevó 18 días presos” indicó Barab en referencia a lo ocurrido el 25 de junio pasado, cuando trabajadores petroleros despedidos tomaron la sede sindical local -que permanece intervenida- en reclamo de un inmediato llamado a elecciones y su reincorporación laboral. El Dr. Quelín también intervino en esa oportunidad y ordenó la detención de todos los activistas bajo la imputación de privación ilegítima de la libertad. Un mes atrás, el magistrado había labrado el arresto de Lucas Díaz, empleado de Oedcsud SA, que participó en el corte del yacimiento “Los Perales”, junto a otros trabajadores alineados con Héctor Segovia.

“Por este juez ya han pasado más de 20 presos en las Heras con distintos procesos, en distintas luchas siempre vinculadas al ámbito petolero y que es muy rápido para meter preso y hacer la vista gorda al apaleamiento, a las condiciones terribles que pasan en la cárcel”, afirmó el dirigente de la CCC. Allegados a los detenidos denunciaron golpizas y malos tratos por parte de la policía provincial. Por su parte, fuentes periodísticas señalaron que “la policía no dió ningún detalle, solo dijo que había una situación muy tensa y esta gente estaba arriba de los tanques y que siempre se producen forcejeos porque se resistieron a ser bajados”.

Consultado por Plazademayo.com, el Dr. Matías Parajón, juez subrrogante en la causa, negó estas versiones: “Yo no fui a la comisaría, pero le puedo asegurar que ninguno de los detenidos me manifestó estar pasando por una situación de detención complicada”.

En tanto, el abogado defensor Walter Carrasco está solicitando la excarcelación de los acusados a los que ya se les tomó una segunda ronda de declaraciones indagatorias. El Dr. Parajón, que tomó intervención tras la licencia de Eduardo Quelín, declaró que “van a continuar detenidos hasta el viernes, por lo menos , que es el límite que tengo para resolver este tema. Yo tengo un tiempo para resolver la situación procesal de ellos y, no obstante, el plazo de 10 días vencería con el Dr. Querín, yo voy a resolver la causa. Vamos a acortar los plazos”, sentenció.

Organizaciones políticas y sociales convocaron ayer a una movilización hasta la Casa de Santa Cruz y están impulsando una campaña para que se exija al juzgado la inmediata liberación de los 5 ex trabajadores. Según Verónica Carrizo, abogada de Liberpueblo: “Es muy grave la situación, es un reclamo de trabajo genuino, más que nada después de la estatización de YPF. Sacamos un comunicado, aportando los datos del juzgado para que todos los referentes sociales y las organizaciones se comuniquen”.

 El crimen de protestar

Actualmente existen 4000 personas criminalizadas o judicializadas por luchar.

70 luchadores sociales fueron asesinados entre 2001-2012.

En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones judiciales.

En 2009 y 2010 se dió la mayor cantidad de casos de judicialización de los últimos 10 años.

Fuente: Informe 2012 sobre criminalización de la protesta elaborado por AEDD, APEL, CADHU, CEPRODH, CADEP, CORREPI y Liberpueblo.