Entrevista de NOVA
Coordinador de la Red Alto al Tráfico y la Trata en
Mercosur, Fernando Mao.
Fernando Mao es el coordinador de la Red Alto al Tráfico y
la Trata (RAT) en Mercosur. Junto a Países Asociados Unidos contra el Tráfico
Humano, el organismo conforma una plataforma internacional que nació el 23 de
septiembre del 2009 en el Senado de la Nación, con la presencia de
organizaciones destacadas del país y otras que luchan en América Latina.
“Mi función es hacer una alianza estratégica con el grupo de
RAT Argentina para el encuentro internacional que se realizaría en este país en
diciembre de este año”, cuenta Mao en esta entrevista con NOVA, y se entusiasma
porque, allí, todos foros de la RAT Argentina emitirán las recomendaciones para
llevar a la cumbre mundial que se hará en Orlando, Estados Unidos, en
septiembre del 2013.
Como especialista en la materia, Fernando Mao tiene en claro
cómo debe enfrentarse este flagelo que representa el tercer delito en el mundo.
Reconoce que los medios no tocan el tema porque es “muy doloroso”, y exige
actualizar la legislación. “Ojalá que la Presidenta se sensibilice”, dice.
- ¿Cómo comienza a atacarse el flagelo desde esta clase de
organizaciones?
- El trabajo efectivo se realiza en red, articulando
esfuerzos con los estados. Nosotros solos, por un lado, y el Estado, por el
otro, no vamos a ningún camino. Siempre hay que hacer alianzas estratégicas
desde la prevención, la asistencia directa y las investigaciones y acciones.
Afortunadamente, en Argentina hay un gran compromiso de parte de la Unidad
Fiscal Antisecuestro (UFASe), coordinada por el fiscal Marcelo Colombo.
Trabajamos muchísimo con él el tema de repatriación de víctimas: tenemos el
caso una víctima colombiana que se repatrió e hicimos el seguimiento en su país
de origen. Es una persona muy comprometida, le han entregado desde el
Departamento de Estado norteamericano el premio al Héroe de Latinoamérica en
cuanto a la lucha contra la trata de personas. Nos cuesta un poco articular
acciones con el Estado nacional, aunque con otros estamos trabajando bastante
bien.
- ¿Qué se estableció en el lanzamiento de la RAT en 2009?
- El compromiso firmado en el Senado instituyó la
incorporación de las organizaciones de América Latina y de este país para velar
por el cumplimiento de los pactos internacionales ratificados en materia de
trata, tráfico y explotación laboral y sexual de las personas y los niños y
adolescentes. Desde ahí se hace un trabajo metodológico de seguimiento de
aplicación de las convenciones en cada Estado parte y de las legislaciones en
cada país. Mi tarea es velar por este cumplimiento y fortalecer las acciones y
alianzas con los gobiernos en todos los grupos RAT que tienen esta plataforma
internacional, compuesta por Argentina y todos los países del Mercosur, además
de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Perú, España -que
se incorporó esta año con dos organizaciones de Andalucía-, y una isla de Sri
Lanka, cerca de la India, para llevarle la implementación de los códigos de
conducta en las cadenas hoteleras por el tema del turismo sexual infantil.
- ¿Hay patrones en común en los distintos países de la
región sobre este flagelo?
- Sí. Los patrones comunes son los grupos vulnerables, que
son los de más riesgo, y el tema migratorio, por las personas que no encuentran
un trabajo, ya sea en Perú o Colombia, y a las que grupos de delincuencia
organizada invitan a castings o productoras. Las chicas vienen con una
esperanza de un trabajo digno y se encuentran que son esclavas sexuales. El
patrón es el engaño. El 70 por ciento de los casos son por engaño. No son
tantos los secuestros.
- ¿Cómo debe responder el Estado?
- Es fundamental que los estados ejecuten planes nacionales
de aplicación de la ley de trata, que en Argentina es la 26.364. Sobre todo en
prevención, porque los indicadores bajarían muchísimo y nosotros no nos
veríamos con tantos casos de chicas engañadas. Lo mismo en Paraguay, Perú y
oteros países de Latinoamérica. A República Dominicana, por no tener una
política clara, el gobierno argentino le solicitó la visa para ingresar por la
cantidad de chicas dominicanas que venían a trabajar para redes de prostitución.
Es un problema global que exige el esfuerzo compartido de los estados y los
organizaciones sociales. Me parece fantástico poder trabajar en red y el
resguardo interinstitucional de las organizaciones, porque la que denuncia es
una red nacional, como en este caso la RAT Argentina.
- ¿Por qué el tema tiene tan poca presencia en los medios,
como si todavía costara hablar de trata?
- En Argentina tuvimos una gran suerte cuando se hizo la
novela “Vidas Robadas”, que es una versión libre sobre el caso de Marita Verón,
porque termina con un final feliz. En ese momento nosotros teníamos un acuerdo
tácito con Telefé Contenidos por el cual podíamos ir al piso a llevar víctimas.
Inclusive se colaboraba con los guionistas. Cuando las luces se apagaron y terminó
la novela, ya no tuvimos una gran presencia en los medios. Me acuerdo que
íbamos al programa “AM”. Encontramos cinco o seis víctimas que habían sido
engañas y las pudimos rescatar. A los medios mucho no les gusta porque es un
tema muy doloroso, pero realmente haría falta poder tener un espacio para poder
ir siempre. Sí nos acompañan los medios de prensa, los gráficos y las radios.
Pero habría que abrir una puerta en el canal oficial, para tener un espacio
semanal o quincenal en el que las familias de todas las personas desaparecidas
en democracia puedan ir a pedir ayuda.
- ¿Qué mirada tiene de algunos casos resonantes de trata o
vinculados al flagelo, como el de María Cash y el caso Martins?
- Son casos emblemáticos, como el caso de Susana Trimarco (NdelaR:
la madre de Marita Verón), que fue una luchadora que pateó las puertas buscando
a su hija y encontró más de 120 víctimas. Hoy Susana tiene una fundación en San
Miguel fe Tucumán que es la única asociación no gubernamental que tiene un
apoyo del gobierno nacional. El caso María Cash es atípico, porque son chicas
de clase media alta secuestradas, como el caso también de Florencia Penacchi,
que exige el esfuerzo de las áreas de investigación de la Justicia para ver qué
les ha pasado a estas víctimas. Y también otros casos como el de Fernanda
Aguirre, cuya madre falleció de pena hace un año y pico. Son casos donde a
veces vemos la metodología de estas redes, que cuando tienen que vender o
entregar personas, salen al rapto, que es lo que pasó con el caso de Florencia
Penacchi, que estamos seguros que está en una red de trata.
- ¿Y el caso Martins, que desnuda vinculaciones con el poder
político?
- Ese es un caso muy visible en Argentina, donde la
fundación La Alameda patrocinó a Lorena Martins. Es la propia hija que está
denunciando a su padre, y ahí se desbarata todo el tema de la complicidad.
Lorena comentaba que fue una campaña política en la que su padre había aportado
un sobre de dinero, y da nombres de quiénes habían llevado ese sobre para la campaña
de Mauricio Macri en la última elección. Ahí tenemos la vinculación con el
poder, después salieron unas fotos de Macri con Martins. Este negocio deja
ganancias millonarias, y el bajo costo que tiene de inversión genera que muchos
grupos de delincuencia organizada que estaban con el narcotráfico se
incorporaran a la compra y venta de personas.
- ¿Tiene una mirada optimista de los efectos que generarán
respuestas tanto las organizaciones civiles como de los estados?
- Pienso que ha habido muchos avances. Al viajar tanto por
otros países, me doy cuenta de que Argentina tiene un gran avance, sobre todo
el compromiso de la sociedad civil, que está unida. Esperamos que se modifique
la legislación: pedimos no diferenciar victimas mayores de menores, porque las
mayores tiene que probar el consentimiento, y eso sabemos que está por la
tortura y el miedo. Ninguna víctima puede consentir. Lo que vemos también es la
posibilidad de la confiscación de los bienes de los proxenetas, que no podemos
incorporarlo en la ley.
- ¿Por qué?
- Eso es muy necesario y efectivo porque no tenemos fondos
para la asistencia y la reinserción social de víctimas. Si pudiéramos confiscar
todos los bienes de los proxenetas, habría una caja para poder encarar eso. Y
también que el Estado abra el abanico a las organizaciones sociales, que somos
pocas, trabajamos mancomunadamente y no vemos que confíen en nosotros para la
asistencia. Una ONG es fundamental en la claridad de prestación a la víctima.
Los estados arman macro-instituciones: no es lo mismo que una persona de planta
de 30 años de trabajo en el Estado atienda a una víctima de trata cuando hay
una organización que trabaja específicamente en eso. Esperemos que la
Presidenta (Cristina Fernández) se sensibilice y haga sensibilizar a sus
funcionarios para que se escuche a los estados.
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