El fiscal general de Tucumán Antonio Gustavo Gómez explica
por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y
revela datos estremecedores.
"Hay impunidad en materia de contaminación",
denuncia el fiscal Gómez.
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para
investigar seriamente al poder? “Ninguno; absolutamente ninguno”, fue la
inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez,
cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
“La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos
maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa
humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando,
detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una
causa como objetivo propio”, relata a LA NACION este fiscal, que nació en
Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de
emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra
del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental
y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, “hay delito ambiental para
hacer dulce”- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo
de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace
menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en
2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras,
recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas
por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas
sostiene que “detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción
sino un funcionario corrupto”.
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes
dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos
económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia
sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el “yuyo
maldito”. Lo explica: “Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con
maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para
comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el
exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas,
vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes”, relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia
es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: “Hemos tenido
el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en
conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio
de dinero”.
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que
empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias
relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante
la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de
contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los
chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades
mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de
plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se
había ocupado del asunto.
“Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que
existe en materia de contaminación en la Argentina”, avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese
rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la
minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre
de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación
minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su
trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos
radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el
tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar
en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó
cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal
que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en
1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las
normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que
la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos
ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni
desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas
condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al
contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos
iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga
denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental,
la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama
indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación
siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que
es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del
Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está
afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas
están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera,
y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso
radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin
embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda
por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la
provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder
político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil
investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha
facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para
designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago
del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados
a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de
Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se
basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la
empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro
en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos
prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que
la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener
lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas
afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes
consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los
avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para
darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la
misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006,
cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto,
creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan
datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media
mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal,
realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el
aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta
enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más
de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran
parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se
registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera
dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente,
puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base
a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por
la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera),
además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso
indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de
falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta
causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de
vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito
ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los
propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la
contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente,
cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible
condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la
Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un
juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por
los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los
delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política
por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo
militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen
título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún
caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay
otros), el caso “Lomas de Tafí”, el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos
delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre
digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es
contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a
mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una
espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias
italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la
administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la
Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue
sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público,
negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez
años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una
vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el
funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el
caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza
el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y
documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo,
sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los
ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque
son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es
además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de
enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden
defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como “clientes” a las
víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más
dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental
no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados.
Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones
para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en
materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y
político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos
a “atender teléfonos que nunca suenan”. Esta censura casi inconsciente se basa
en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
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