El hombre
había sido sentenciado por tentativa de hurto de dos trozos de carne valuados
en 27 pesos. El tribunal consagró la “doctrina de la insignificancia” y quedó
libre de culpa y cargo.
La Sala
II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por unanimidad hacer lugar a
un recurso de casación contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado
Nacional en lo Correccional nro. 6 que había condenado a un hombre a quince
días de prisión en suspenso por haber intentado apoderarse de dos piezas de
carne.
Había
intentado llevarse dos trozos de palomita en el 2008.
El
acusado había tratado llevarse ocultos dos trozos del corte conocido como
palomita del Supermercado Día de Avenida Cabildo el 18 de julio de 2008,
conducta que quedó calificada como hurto en grado de tentativa.
El Máximo
Tribunal penal del país consideró que la afectación al bien jurídico fue ínfima
y puntualizó que "en el caso se encontraban en juego los principios de
lesividad y proporcionalidad, cuya aplicación debe ser directa". Ello
significa que un Estado de Derecho de bases republicanas debe limitar el uso de
la violencia estatal sólo a aquellos supuestos en que se produzca una lesión al
bien jurídico que sea relevante para la víctima, lo cual excluye los daños
insignificantes.
En el
fallo se aludió a la ilegitimidad de la cultura inquisitiva, pues tanto desde
el punto de vista sustancial como desde el procesal, el sistema se mostró
incapaz de aplicar criterios de mínima intervención y proporcionalidad; de
atender adecuadamente al interés concreto de las víctimas y de distribuir
racionalmente la carga de trabajo.
La
doctora Ángela Ledesma -que lideró el acuerdo- consideró que la forma en que
tramitó la causa, al igual que tantas otras que ingresan en el Tribunal, demuestran
que quinientos años de cultura inquisitiva, forjaron un sistema de justicia
burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que
opera sin satisfacer ningún interés legítimo.
La
magistrada subrayó que en esta causa transcurrieron cuatro años desde el hecho,
intervinieron 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores y más de 8 funcionarios (sin
contar los innumerables empleados) para que se dicte la condena de un hombre
que en su defensa dijo que “necesitaba llevarse la carne porque no tenía para
comer y su hijo hacía tres días que no comía”.
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