No a la impunidad ayer y de hoy

A 37 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA                                         

 

(AW) Como cada año en todos los rincones del país hubo actos y marchas para repudiar el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, pero también para denunciar los crímienes que el estado sigue cometiendo en nombre de la democracia. Como cada año la participación fue masiva. Como cada año se trató de acallar las voces de quienes rechazan este modelo. Como cada año se demostró que a pesar de la represión de ayer y hoy, la lucha sigue. Reproducimos el documento del Encuentro Memoria, verdad y Justicia.-

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

24 de marzo 2013

Compañeros y compañeras:

El 24 de marzo nos convoca año a año en esta Plaza para repudiar el golpe más brutal de nuestra historia. Estamos aquí, y en todas las plazas del país, reivindicando los sueños y la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas que dieron su vida por conquistar un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.

Decimos presente en esta cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia y con el compromiso militante de mirar el futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura no pudo acallar.

Estamos aquí, apoyando las crecientes luchas de los trabajadores y de nuestro pueblo en defensa de sus derechos y contra cualquier forma de represión y criminalización de la protesta. Decimos presente! A nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y decimos también ¡presente¡ a todos los luchadores populares asesinados por la represión durante los gobiernos constitucionales

En esta cita histórica de nuestro pueblo, de cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.

Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes , niños, como paradigma del terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias

Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia.

Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.

Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.

Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡ denunciamos y exigimos justicia!!

El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.

La anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista posterior, abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas. Este logro histórico de nuestra lucha no hubiera sido posible sin la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001.

Hoy, a casi 10 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados. Este año han comenzado los juicios de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.

Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.

Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo condenados! Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son los represores condenados y 320 los represores que murieron impunes antes de llegar a la justicia.

Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Hace pocos días Martínez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.

Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.

Denunciamos a los jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace.

Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.

CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS

Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.

Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.

Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 108 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.

Por eso exigimos que se establezca rápidamente un mecanismo para que las muestras de todos los restos óseos sin identificar integren el Banco Nacional de Datos Genéticos y que todos los familiares de víctimas de desaparición forzada puedan integrar la base del Banco. De está manera aumentará la identificación de personas nacidas en cautiverio o secuestradas en sus primeros años de vida y que actualmente no pueden ser identificadas por no haber muestras genéticas de sus familias.

Exigimos la máxima transparencia en el manejo de los datos y que se impida su manipulación política por parte de organismos del Estado.

APERTURA y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.

Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.

Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad. Exigimos también el esclarecimiento del asesinato de Mirta Raia en Tucumán.

Con todos estos años de lucha hemos derrotado la teoría de los dos demonios, logramos anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir las causas contra los genocidas.

En los juicios no solo buscamos la condena de los genocidas, sino también damos pasos en la construcción de una memoria y una historia desde las luchas e intereses populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: la de un país sin opresores ni oprimidos; sin explotadores ni explotados.

Nos oponemos a que los Centros clandestinos de detención se transformen en lugares de recreación. Por eso nos oponemos a que en la ESMA se realicen festivales, cursos de cocina, o que haya payasos o murgas.

Repudiamos el asado proselitista realizado en la ESMA por el Ministro Alak, el viceministro Álvarez y el secretario de derechos humanos Fresnedas. Esos "asaditos", con su siniestra significación ,asociada a tortura y muerte, son una ofensa a la memoria colectiva. Por eso repudiamos las declaraciones de la Presidenta, que afirma que "en la ESMA hubo asados y los seguirá habiendo".

Denunciamos el nuevo intento del gobierno nacional de banalizar el Casino de Oficiales de la ESMA, modificando el único lugar que queda realmente como Espacio de la Memoria, como relato de lo sucedido en las 17 manzanas que ocupaba ese Centro Clandestino. Cuesta creer que se proponga instalar una fuente de agua y realizar intervenciones arquitectónicas en el lugar donde se mantenía secuestrados y torturados a los compañeros.

El gobierno dice que donde hubo muerte debe haber alegría, porque este sería el proyecto de país por el que lucharon los 30000 detenidos desaparecidos. Les decimos que no es cierto, que nuestros 30000 detenidos desaparecidos lucharon para terminar con la desigualdad y la dominación y por construir un país solidario. Y que entonces la única alegría posible es continuar la lucha para hacer realidad sus sueños.

Compañeras y compañeros:

Salimos, una vez más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Por eso hoy denunciamos al gobierno nacional, que pretende adueñarse de las banderas de derechos humanos, que honramos con nuestra lucha de tantos años, para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política de mano dura hacia las luchas populares.

Denunciamos que Cristina Fernández de Kirchner tiene una política que privilegia la entrega y descarga la crisis sobre las espaldas de nuestro pueblo. El gobierno paga la usuraria y fraudulenta deuda externa, denunciada por años por el movimiento popular y las organizaciones de ddhh. Garantiza ganancias millonarias a empresas extranjeras que saquean nuestros recursos y superexplotan a los trabajadores, mantiene compromisos con empresas imperialistas de la minería contaminante, refuerza sus vínculos con los agronegocios como el de la rosca sojera, y la extranjerización de la tierra.

Asegura los beneficios a su propio grupo económico y a sus amigos, como Monsanto, y mantiene y profundiza las reformas antiobreras del menemismo.

Porque estamos comprometidos con la historia, el presente y el futuro, somos parte de las luchas que recorren todo el país: puebladas, cortes de calles y rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más diversas acciones que dan voz a la defensa de los derechos de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden las condiciones ambientales de la depredación, de los campesinos, de los pueblos originarios, de quienes reclaman tierra y vivienda, salud y educación. Saludamos al pueblo de Esquel en el décimo aniversario del plebiscito que le dijo no a la Mina con el 82 % de los votos. Y con ellos y con todos los asambleístas decimos no a la megaminería a cielo abierto.

La inflación devora los ingresos populares. El supuesto congelamiento de los precios y la tarjeta Moreno son un fraude para imponer los topes salariales. Continúa el impuesto al salario y cientos de miles de trabajadores se quedan sin salario familiar, mientras la asignación universal por hijo no cubre las mínimas necesidades y no llega a todos.

Estos hechos son la verdadera contracara de un discurso enmascarador , que pretende vender a su gobierno como progresista, nacional, popular y defensor de los ddhh. Denunciamos también a los gobiernos provinciales del oficialismo y la oposición que despliegan políticas de ajuste en sus provincias.

El ajuste provoca la reacción de millones de trabajadores, como se demostró en numerosas luchas y en el paro general del 20 de noviembre.

Saludamos desde esta Plaza la lucha de los docentes y estatales que recorre la Argentina y ratificamos la necesidad de superar las medidas parciales con un plan de lucha y un nuevo paro general. Hoy vemos con mucha preocupación que, junto a la política de ajuste y entrega y como respuesta a la movilización popular, el gobierno avanza en la represión y la criminalización de la protesta. En estos 10 años de gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores populares, y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos 3 años. Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y entrega encuentra una y otra vez nombres propios de asesinados del movimiento popular.

Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy)- Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén)- Javier Chocobar (Tucumán)-Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano) - Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- Mártires Lopez (Chaco)-Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) - Diego Jáuregui (Avellaneda)-Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (Escobar)- Miguel Galván (Santiago del Estero) - Celestina Jara y su nieta de ocho meses (Formosa)- Imer Flores (Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (Formosa). Exigimos la aparición con vida de Daniel Solano, joven trabajador desaparecido hace más de un año en Río Negro.

En el último año se multiplicaron las acciones represivas directas: La represión encabezada por el Coronel Sergio Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados y trabajadores de cooperativas que cortaron Panamericana y fueron llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo, se continuó con la represión en Bariloche, y en días recientes con la acción de la bonaerense contra la pueblada de Junín y los camioneros de Lomas de Zamora y la de la Metropolitana de Macri en Parque Centenario y la Sala Alberdi.

La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no sólo es una violación a los ddhh más elementales, sino que convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular.

Reclamamos la libertad inmediata de los presos de Bariloche y Corral de Bustos!!!!

El número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo.

Garrahan, Kraft, Fate, ATE Neuquén, dirigentes del Movimiento de desocupados, son sólo algunos de los casos que enfrentan juicios con los que se pretende castigar a los que luchan.

Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas a los 5000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta!!

Denunciamos el espionaje y la infiltración en el movimiento obrero y popular que se expresa en el Proyecto Equis. Se ha puesto de manifiesto la mentira de la ministra Garré que pretendía reducir a un software lo que es, en realidad una actividad planificada y sistemática sobre las organizaciones populares, que se utiliza para armar causas contra los que luchan. Este espionaje viola derechos constitucionales básicos. Este es el concepto de seguridad democrática de Garré, Berni y Aníbal Fernández. Desde hace más de un año, venimos denunciando a Gerardo Martínez, espía de la dictadura y espía después del 83, amparado por el gobierno de Cristina Fernández.

Exigimos el desmantelamiento del proyecto X y de todos los programas de espionaje a las organizaciones populares.

Cuando no se apeló a la represión directa, se utilizó la represión tercerizada.

Denunciamos la persecución de los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, como en el caso de Volswagen Córdoba, Sitraic, Bosch, los trabadores del Programa Buenos Aires Presente, de la Ciudad de Buenos Aires, petroleros y docentes de Santa Cruz, entre otros.

El desarrollo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que está entrando en su etapa final, confirma abrumadoramente la responsabilidad de Pedraza, su patota y los policías implicados en el crimen. Con el crimen de Mariano actuaron en defensa del régimen de tercerización laboral y de beneficios empresariales en base a los subsidios del estado, el mismo régimen que luego llevó a la masacre de Once. Reclamamos la perpetua para todos los implicados en el juicio, pero también la investigación y condena de todas las responsabilidades que quedaron en evidencia: los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de la secretaría de transporte y de los empresarios del transporte cuyos intereses defendía la burocracia de Pedraza.

Exigimos castigo a todos los responsables.

En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así, con el amparo de Gildo Insfran, Capitanich y Zamora aliados de Cristina Kirchner, se han cobrado la vida de seis miembros de la Comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero.

Basta de reprimir a los pueblos originarios y a los campesinos.

Porque renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por un país sin opresión y represión es que exigimos la derogación de la nueva ley antiterrorista, propuesta por la presidenta y aprobada entre gallos y medianoche por la mayoría oficialista. Esta ley que fue exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 califica de terrorista al que "exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo". Este nuevo engendro represivo es una amenaza latente para todos aquellos que defendemos nuestros derechos en las calles y ha pretendido ser utilizada para perseguir las protestas contra la mega minería.

Exigimos la derogación de la ley antiterrorista

A 19 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Denunciamos la campaña mentirosa del gobierno diciendo que con el Memorando se va llegar a la verdad, lo cual significará una nueva frustración para los familiares y todo el pueblo argentino. La reciente aprobación de esta ley es una vía muerta para el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Traerá como consecuencia la consagración de la impunidad porque no se propone investigar este crimen del cual el Estado argentino es el principal encubridor y también responsable. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere vendermos que persigue a una supuesta conexión internacional en base a informes secretos de la CIA y el Mossad para justificar el abandono de la búsqueda de los responsables locales.

Exigimos la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente.

A un año de la tragedia de Once, expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y con sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista, de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical. Política que impulsa el gobierno nacional y que es continuidad de la implementada por el menemismo.

Exigimos el castigo a Jaime, Schiavi, Cirigliano y de todos los responsables.

La infame absolución de los acusados por el secuestro y sumisión a la trata en el juicio de Marita Verón desnudó la complicidad del aparato policial, el poder político y judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país. El fallo de Marita produjo una movilización popular de alcance nacional, que representó un golpe, además, contra el Gobierno de Alperovich, responsable de la impunidad. El femicidio y la violencia de género contra las mujeres es un grave problema social. Las hermanas Jara, María Ovando, Romina Tejerina, Wanda Tadei son nombres emblemáticos de esta cruda realidad social. Denunciamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, por su actitud de total hipocresía, ya que mientras hablan profusamente del tema, en los hechos no tienen una política que se proponga terminar con la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres.

Exigimos la aparición con vida de las más de 400 mujeres y niños secuestrados y el desmantelamiento de las redes de trata de personas. Juicio y cárcel a todos los responsables y sus cómplices.

Repudiamos los apremios ilegales y las torturas sistemáticas en las cárceles y comisarías de todo el país, como las recientemente ocurridas en Chaco, Tucumán y Jujuy. Denunciamos la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, que lleva cobradas más de 2300 vidas durante los últimos 10 años y las causas armadas contra los jóvenes de barriadas humildes. Exigimos la aparición con vida Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los jóvenes!!! Compañeras y compañeros La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.

Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos Presente!!

30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presente!!!

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=10342&Itemid=70