Fuente Pagina 12
La condena a las hermanas Ailén y Marina Jara, que
cumplieron por anticipado una pena por defenderse de un abusador de quien nadie
más las defendía, es otro capítulo aterrador de la negativa de la Justicia a
mirar más allá de sus escritorios, su intrincado lenguaje y su total
desconocimiento de la problemática de género. Pero esta condena disciplinadora
no alcanza para domesticar a todas. Ahora las hermanas Jara tienen muchas más
aliadas para su defensa.
Por Roxana Sandá
Las hermanas Ailén y Marina Jara fueron condenadas y
liberadas, en un nuevo capítulo surrealista de la Justicia argentina, que desde
un principio adoptó una mirada tendenciosa y distorsionada sobre los daños
innumerables, las amenazas y las agresiones de Juan Leguizamón, un abusador con
antecedentes penales que manipuló y atemorizó a las jóvenes a su antojo durante
años. De cómo se defendieron desde la adolescencia, de cómo contrarrestaron una
cercanía territorial que se les hizo irrespirable, del acoso intangible y
pegajoso, de la soledad más absoluta al momento de hacerse cargo de su propia
integridad física y psíquica no tomaron nota defensoras oficiales, fiscales,
jueces y juezas. Protegerse, para estas mujeres jóvenes y pobres, significó un
costo altísimo; quedó el regusto amargo de que en ellas se estaba aleccionando
al resto de las mujeres que atraviesan desgracias similares. El proceso contra
las Jara expulsó siempre, sin excepciones, cualquier perspectiva de género. Las
primeras instrucciones policiales, el supuesto paraguas protector de Leguizamón
que posibilitó la desaparición de un arma y una prenda clave en la
investigación sirvieron, en definitiva, para registrar vulnerabilidades
extremas y reservorios inhóspitos en los que denunciar puede convertirse en un
viaje de ida.
Nunca más
La Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires (AABA) pedirá audiencias con la procuradora bonaerense, María del
Carmen Falbo, y con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez,
para plantearles la necesidad de que situaciones procesales como las de las
hermanas Ailén y Marina Jara no vuelvan a ocurrir. La abogada Nina Brugo, que
integra esa comisión, detalló la urgencia de plantear nuevas estrategias “para
que la Justicia, y sobre todo la de Mercedes –donde se sustanció el juicio
contra las hermanas–, comprenda que está inserta en una sociedad democrática y
que las mujeres somos sujetos de derecho”.
Brugo se expresó sobre “una libertad que obnubila porque las
chicas fueron condenadas y deberían haber sido absueltas al tratarse del ataque
de un abusador”. Ailén y Marina “no tenían recursos y fueron asesoradas por
defensoras oficiales de las que nos avergonzamos. En vez de demostrar legítima
defensa, las pusieron en una situación de debilidad jurídica muy grande”.
Desde la AABA se está analizando la injerencia lograda a la
fecha por los talleres de capacitación en género de la Oficina de la Mujer, de
la Corte Suprema de Justicia. “Evidentemente, todavía no han llegado a todos
los ámbitos. Es preocupante que jueces y funcionarios judiciales todavía no
tengan una debida formación en ese sentido”, señaló la abogada. “Es una
cuestión determinante en jueces y juezas que de algún modo miran la biblioteca
desde un punto de vista patriarcal.” Es el caso de las hermanas Jara, “teniendo
en cuenta la opinión del acosador, una persona peligrosa y con antecedentes
policiales que se revirtió como víctima. Por eso considero que debería apelarse
la sentencia pidiendo la absolución, para limpiar el buen nombre y honor de
estas jóvenes”.
El fallo del terror
Hace tres días que Ailén y Marina celebran una libertad que
jamás se les debería haber escurrido de las manos. El fallo del Tribunal Oral
Criminal Nº 2 de Mercedes, considerado “de terror” por uno de los abogados
defensores, Isidro Encina, les abrió las rejas con el estigma de una condena
que en los próximos 20 días va a ser apelada “porque tergiversa en actas la
verdad, carece de sentido común y ejerce una protección corporativa” de las
defensoras oficiales y la fiscal de instrucción, Luisa Pontecorvo.
“Fue un fallo salomónico porque el tribunal cortó al medio
la verdad, la mató. Cortó el hilo por lo más débil y taparon las falencias de
la investigación, porque se trató de un delito menor y excarcelable. Quisieron
salvar de un jury a la fiscal Pontecorvo, de acciones contra la defensora
oficial Manuela González y evitaron investigaciones sobre la comisaría
interviniente”, sostuvo Encina. En el documento “reconocen toda la farsa de la
investigación y recomiendan que no vuelvan a cometerse los mismos errores,
cuando le dieron todo el crédito a Juan Leguizamón. La única verdad en este
caso es que quiso tener relaciones sexuales con las dos. La libertad que
lograron Ailén y Marina es un bien preciado, pero vamos a seguir recurriendo
porque son inocentes y por lo absurdo y contradictorio de la sentencia”.
Recuperar tiempos
Desde el martes, cuando dejaron atrás el penal de Los Hornos
para volver a su vivienda del barrio Jaramillo, en Paso del Rey, las hermanas
Jara intentan recuperar un tiempo pisoteado durante dos años, un mes y veintiún
días, con la pesada mochila de una condena por “lesiones graves” que vuelve a
vulnerarlas en el afuera, cuando más las impulsa la necesidad de desandar sin
sombras. Dos cosas les recuerdan el delgado filo de su nueva condición: las
rejas que rodean su vivienda, que Julio, la pareja de Elena Salinas, la madre
de las chicas, colocó “por seguridad”, porque Leguizamón sigue ahí, a una
cuadra, moviéndose con impunidad. Elena prefiere pensar en “que las mujeres
tenemos que seguir con la lucha y aprender con este caso lo que es la violencia
de género”.
A propósito del sujeto, sobre él dijo la jueza María
Graciela Larroque que “no emerge indicador alguno que según mi sincera
convicción y mi comprometida búsqueda de la verdad material, me pudieran
conducir a la sospecha de la imparcialidad del mentado testimonio”. El broche
de oro de la magistrada es el párrafo dedicado a la violencia de género.
“Agregó en el debate Ailén Jara que la víctima las acosaba sexualmente desde
tiempo atrás, que el nombrado era violento, introduciendo así muy tardíamente
la cuestión de género.” Insiste Larroque al hablar “de inoportunamente alegada
violencia de género por la enjuiciada”.
¿Cuántas maneras de volver del infierno existen? “Por lo
menos, después de dos años y medio de detención sabemos que vuelven diferentes,
compenetradas con las organizaciones que las ayudaron, comprometidas con su
verdad y con ganas de encarar un activismo feminista”, dijo Encina. Las redes
se tendieron desde la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, la
organización Mujeres al Oeste, diputadas de todo el arco político, desde la
Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Políticas de Género de la
provincia de Buenos Aires.
La titular de este organismo, Ana María Suppa, entendió que
“este caso se evaluó desde un principio inconstitucional de culpabilidad,
cuando quedó sobradamente probado que Ailén y Marina actuaron en defensa
propia. Es necesario que el Poder Judicial debata hacia su interior una
capacitación en género para poder abordar fenómenos graves que las mujeres
siguen padeciendo”. Las oportunidades siempre son señeras. La “Justicia
legítima” que por estas horas se debate y retroalimenta debería incorporar
nuevas ideologías que desanden la ruta crítica de la violencia de género.
Justicia patriarcal
“Cuando leí la causa me alarmé. Desde la Secretaría
presentamos informes al TOC Nº 2 de Mercedes, pero fueron rechazados.
Solicitamos ser peritos observantes y también nos rechazaron. Nunca tuvimos
respuesta formal. En ningún juzgado nos pasó lo que sucedió con el de
Mercedes”, reveló la psicóloga Isabel Burgos Fonseca, de la Secretaría de
Derechos Humanos bonaerense, que asiste y acompaña a las hermanas Jara desde su
período de detención en la Unidad Nº 8 de Los Hornos y en esta nueva etapa. El
caso “pone en evidencia la tremenda vulneración de derechos de las mujeres en
situación de pobreza. El problema siempre estuvo del lado de esta Justicia
patriarcal, que nunca rectificó sus dichos y tuvo una clara intención de
culpabilizar a las chicas”.
Durante las audiencias, “escuchamos intervenciones en las
que se las increpaba a las dos, lo que conformó una situación de trauma, de
estado completo de vulneración. Creo que es el ejemplo de lo que un tribunal no
debe hacer con las mujeres”.
La psicóloga explicó que la estrategia consistió “en
trabajar el vínculo con organizaciones de apoyo. Fueron dos años y un mes de
pesadilla que se revirtieron con contención”. Hoy, Ailén y Marina “están
ilusionadas con realizar acciones productivas, pero con el temor que les dejó
el hecho de que estuvieron presas. De ahora en más es importante continuar un
acompañamiento. Se sienten empoderadas y son conscientes de que ese empuje se
logró gracias a las organizaciones y a la ayuda de compañeras feministas.
Lograron levantarse de un montón de bajones, pero están en una situación de
vulnerabilidad. Le tienen mucho miedo a la estigmatización social”.

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