Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad guaraní
Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, al
norte de la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para
trabajar en forma temporaria, es decir como trabajador golondrina, en la
cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado
en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha
SRL. Un mes después, en la madrugada del 5 de noviembre, fue visto por última
vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel -paradójicamente,
el sitio donde nació Rodolfo Walsh-, por la policía de la comisaría octava que
se encontraba haciendo adicionales. Desde ese momento permanece desaparecido.
En un principio, la propia empresa para la que trabajaba
Solano le puso a su padre dos abogados, que lo único que hicieron fue desviar
la investigación al asegurar que el joven había viajado por su propia decisión
a Neuquén, dejando en evidencia el interés del empleador en que no se supiera
la verdad, ya que era uno de los victimarios. Al padre le llegaron a dar la
ropa y los documentos de su hijo, diciéndole que lo fuera a buscar o que
directamente se volviera a su Salta natal. Ante esta situación, los integrantes
de la comunidad de Misión Cherenta se acercaron a Sergio Heredia, un
tradicional abogado de Tartagal, “amigo de la comunidad” tal como él mismo se
definió, quien aceptó hacerse cargo del caso y dirigirse a Río Negro, provincia
en la que vive desde hace dieciocho meses. Lo primero que hizo el letrado al
llegar a Lamarque fue anunciar la muerte de Solano y ponerse a investigar,
junto a su colega de Bahía Blanca, Leonardo Aparicio, para encontrarse con un
complejo entramado de muerte, explotación, mentiras, estafas y complicidades.
“No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también
descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial –explicó Heredia a
La Retaguardia–, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los
últimos cuatro años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos
oscila entre los 18 millones de pesos. Ese día lunes (el siguiente a su
desaparición), no es que Solano iba a hacer un paro o una protesta gremial, él
era un chico con estudios secundarios, muy preparado, y se da cuenta que los
estaban estafando y que había que pedir el reintegro de lo que les estaban
haciendo. En vez de darles los 3000 pesos que les tenían que dar, les pagaban
1000. Solano ese primer mes cobró 860 pesos”. Según detalló Heredia, la empresa
Expofrut llevaba una planilla de los trabajadores, por lo que si, por ejemplo,
Solano había trabajado diez días a un jornal de 100 pesos, Expofrut le decía a
la tercerizadora Agro Cosecha que le mandaba los 1000 pesos que le tenía que
pagar a Solano, además de 700 pesos más para pagar los aportes. Pero Agro
Cosecha tomaba los 1000 de Solano y establecía que había trabajado seis
jornales en lugar de diez, entonces le daba 600 pesos de los 1000 que le
correspondían, utilizando los 400 restantes para pagar los aportes, quedándose
para sí los otros 700: “pero para poder hacer esta estafa –aclaró Heredia–
tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre,
los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete
efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la
asesoría de trabajo local. Cuando yo llegué, un anónimo me pasó los libros de
la empresa y me di cuenta de que estaba ante una estafa. Entonces empezamos a
investigar las dos cosas. Estoy por presentar ahora más de quince mil fojas,
porque me he tomado el trabajo de cotejar el recibo de cada obrero norteño de
los últimos cuatro años con cada planilla. A Solano en doce meses, la empresa
le hizo 33.000 pesos; si se multiplica cien Solano en doce meses son 3
millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre,
porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el
reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1
millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía
que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los
trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban,
les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a
sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el
aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que
tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se
quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia
hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”. Así es como
Heredia descubrió que quienes mandaron a matar a Solano eran los dueños de la
empresa: “a Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito; fue un
plan. Lo fue a buscar un equipo parapolicial. Todo se logra encubrir, toda la
cúpula policial encubrió. Uno de los policías que hoy está preso fue el que
comandó la investigación en un principio. Se hace un encubrimiento perfecto
hasta que llegamos nosotros”. A esta red además se suma la trama judicial, ya
que por ejemplo a los dos días de efectuada la denuncia por desaparición, se
hizo un rastrillaje en el balneario Isla 92, donde se cree que mataron a
Solano, a cien metros del boliche: “van setenta obreros porque querían parar la
empresa, pero para que no la paren arman una parodia. Dos obreros de una
comunidad guaraní que está cerca de Tartagal encuentran la billetera de Solano.
Cuando yo me entero voy a Salta a buscarlos, los encuentro, tenía que traerlos,
nadie nos ayudaba, gasté dinero de mi bolsillo para traerlos en colectivo.
Hemos descubierto entonces que en ese rastrillaje se encontró una zapatilla y
la billetera, la policía reconoció que estos elementos desaparecieron. Le dije
a la jueza que le había traído los testigos que dicen haber encontrado la
billetera de Solano, que sabemos que vino la policía y guardó la billetera en
una bolsita, pero ahora no está el acta del rastrillaje ni la billetera”,
afirmó Heredia. “A los treinta días de que llegué, denuncié a treinta y cuatro
personas, entre los que hay veintidós imputados que son policías y siete están
actualmente detenidos. Y ahora vemos que hay encubrimiento con los civiles,
porque si yo estoy diciendo que hay una asociación ilícita que mandó a matar
tendrían que estar presos. El problema que tenemos es que la primera jueza,
Marisa Bosco, se inhibió, renunció y no le aceptaron la renuncia; hoy está con
juicio político. Además, su cuñado había sido gerente de la empresa. Después
pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora
pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema
que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a
los Solano, que era asesora legal de la secretaría de trabajo de Lamarque, es
prima hermana de esta jueza. Entonces se sigue encubriendo todo, y la idea es
desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada. Después irán a
soltar a los policías pero eso no lo vamos a permitir. Este es un caso más
grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre
explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”. Un
encubrimiento que llega hasta la misma provincia de Salta, ya que antes de
viajar a Río Negro en noviembre de 2011, el papá de Daniel hizo una denuncia
por la desaparición de su hijo en la comisaría 45 de Tartagal, que fue robada
falsificando los libros de la dependencia policial, según denunció Heredia a La
Retaguardia. Actualmente, el papá de Daniel, su hermano Pablo, su hermana Maira
y una sobrina de nombre Romina están acampando desde hace meses frente al
juzgado de Río Negro reclamando justicia. Una protesta que hace un año, por
ejemplo, incluyó una huelga de hambre por parte de los familiares. En tanto,
Sergio Heredia trabaja e investiga quince horas diarias en un local prestado
por la iglesia, algo que se notó en cada oración que dijo durante la entrevista
con La Retaguardia, en la que brindó un dato, una prueba que da cuenta del
encubrimiento existente en esta causa y en la desesperación que tienen los
protagonistas por el peligro de que el caso de Solano quede impune. Por
ejemplo, el abogado contó que dos días después de realizada la denuncia por la
desaparición, un testigo dijo haber visto al joven salteño en un bar: “ese
testigo se llama Paulino Rivera, es un boliviano que es el explotador y
tratante de personas de una estancia que se llama ‘Estancia Negro Muerto’,
donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba.
Este caso ya está toda la elevación impositiva en la justicia federal de Roca.
Cuando yo llegué el expediente tenía doscientas fojas y hoy tiene cuarenta
cuerpos, ocho mil fojas”. Efectivamente, en el marco de la investigación de la
desaparición de Solano, Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma
causa, entre ellas las del paraguayo Pedro Cabaña Cuba y la del jujeño Héctor
Villagrande: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa
la trata de personas, la explotación. Es por eso que nosotros ahora estamos
aislados, solos, no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia, la familia vive
en carpas frente al Juzgado, y acá está haciendo -7 grados en este momento. Y
seguimos trabajando, yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo de
Solano se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a una
investigación que hice y nadie dice nada. Se pidió ayuda a la nación y tampoco
nos la ofrecieron. En marzo vino un equipo del canal de televisión Telefé e
hizo un informe. Estuvieron tres días trabajando, les dimos todo y nunca
pasaron el material porque hay mucha plata, son multinacionales y no pueden
tener tres desaparecidos en democracia. Y ya ha aparecido un cuerpo en Conesa,
al que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y dos cerca
del boliche. Cuatro cuerpos, y esa noticia no se conoce en la Argentina, lo que
es increíble”, se indigna el abogado. Tal como lo dijo apenas llegó a Río Negro
hace dieciocho meses, Heredia está convencido de que Solano está muerto, y
parte de su tarea es poder encontrar su cuerpo, que es la prueba que falta en
todo este entramado. “Uno de los asesinos se llama Sandro Berthe –relató el
letrado–; este policía estaba separado de sus funciones por una condena de dos
años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por volarle los
dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilitó a los dos
años y lo puso a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava, por eso
es que nosotros creemos que el cuerpo de Solano está enterrado ahí, porque
estaba haciendo trabajo de albañil y habían cambiado todos los pisos. Ese mismo
policía hacía adicionales. Y cuando dejó de ser albañil, la jueza Bosco lo
nombró jefe de una brigada de investigación trucha, que ahora figura en el
expediente que esa brigada nunca existió. Su hija, también policía, en marzo
del año pasado torturó a un menor con picana en la Comisaría de Beltrán; está
suspendida en sus funciones y tiene fallo firme en la cámara penal por tortura
con picana”, amplió Heredia. Berthe además fue el policía a cargo de la
investigación por la desaparición del trabajador paraguayo Cabaña Cuba, en cuyo
expediente se informa que se había ido de viaje, el mismo eufemismo que en el
caso Solano. “Hace unos días descubrí que en la unidad regional –continuó
Heredia en diálogo con La Retaguardia–, que es donde se comanda a todas las
comisarías de la zona, vivió en una casa rodante durante diez años en el patio
de la regional, un señor que hacía pozos de agua. Y resulta que este Sandro
Berthe mientras estuvo suspendido en la policía trabajó con este hombre... Y yo
le dije al fiscal, que comía asados con los policías, que cómo podía ser
posible que nadie haya tomado en cuenta este detalle, o sea que Solano puede
estar en un pozo de agua de la Patagonia. Aquí todos saben lo que pasó, pero
nadie quiere hablar”. Una demostración de esto último es una situación que
vivió el propio Heredia, que de no estar contada en este marco de impunidad
hasta podría creerse sacada de una comedia negra: “el otro día fuimos a buscar
el cuerpo de Solano en un puente. Estábamos con la Brigada de Criminalística y
vimos sangre. Entonces les pido que saquen una foto y me dicen que se les acabó
la pila de la máquina... Le muestro que un perro está marcando algo y me
responden que lo que pasa es que está contento...”. En este sentido, Heredia
explicó que todos los efectivos que aún se encuentran libres se dedican a
plantar pistas falsas para demorar o impedir el avance de la causa. Ocurre que
tal como lo señaló el letrado, este es un caso que desenmascara muchos delitos
como la venta de droga que lleva adelante la propia policía dentro del boliche
Macuba, donde además hay chicas en situación de trata que las hacen
prostituirse allí. En diálogo con La Retaguardia, Heredia manifestó que a pesar
de no ser un abogado penalista, entendió desde un principio el alcance de los
hechos ocurridos en Río Negro, por lo que aún antes de viajar resolvió que
debía filmar absolutamente todo lo que pasara incluso desde su salida de
Tartagal: “muchas de esas filmaciones se empezaron a subir a internet, sobre
todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, la esclavitud, la
discriminación y esa es la gran conmoción que produce porque esto era una
cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes.
Y la indiferencia también es de Salta, de todo el mundo. A Solano viene una
empresa de Tartagal a Río Negro que se llama El Tucumanito, atraviesan más de
medio país, y en el expediente ya está probado que es trucha. Entonces, ¿cómo
hacen para atravesar medio país con los controles provinciales? Con todas estas
filmaciones de más de un año y pico, a fin de mes vamos a dar a conocer un
documental que se llama ‘Diario de una causa’. Lo estamos haciendo con gente de
Buenos Aires también pagado por nosotros, para que en la Argentina se conozca
todo esto”. Desde ya el objetivo del documental no es comercial, sino que la
intención es que pueda ser debatido en universidades y organismos de todo el
país, para que se difunda lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro.
Ante el alcance de las denuncias que viene realizando, desde La Retaguardia se
le consultó a Heredia si tenía miedo. Al respecto, contestó: “yo le dije al
juez federal que calculo que en no más de quince días me van a matar; él
ofreció sacarme y le dije que no. También me pusieron custodia de la policía
provincial, pero lo hicieron para saber lo que hacía. Estaba custodiado las 24
horas pero dije que no, porque si me va a pasar algo no quiero esta policía,
por eso es que nosotros hemos hecho esta película: todo mi trabajo está
documentado. Ya hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme
daño. Pero yo a la comunidad en Tartagal lo único que le di fue mi palabra,
dije que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su
hijo, y lo único que tiene un abogado es su palabra. La familia Solano y yo
hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía y del Estado,
y yo le he dicho al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponda a
Solano sea donado al Hospital de Choele. Lo único que queremos nosotros es el
cuerpo, y volver a Tartagal con esta familia, que están bajo mi
responsabilidad”. El caso Daniel Solano deja en evidencia todas las miserias de
los distintos sectores involucrados, las empresas que explotan, estafan y
mandan a matar, la policía que ejecuta, el Estado y la justicia cómplices que
encubren. Todos protagonistas necesarios para que la impunidad siga siendo
pieza fundamental de un sistema cruel, que huele tan mal porque tiene todos los
olores hediondos de esta nueva época.
Fuente: http://anred.org/spip.php?article6294
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