Jonatan Emanuel Baldiviezo*
@jonatanemanuelb
El kirchnerismo presentó un proyecto de ley en el Congreso
con el objeto de reglamentar las manifestaciones públicas, las protestas, los
piquetes. El proyecto de ley precisamente se llama “Ley de Convivencia en
Manifestaciones Públicas”. Esto fue anunciado al principio de Marzo de este año
por la Presidenta en el contexto de la ocupación de predios aledaños a la Villa
20 a la vez que recordaba que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue
procesado por haber desalojado un corte en la Autopista Panamericana. Repitió
la trillada frase de que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no
cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar”. Sabemos que toda
reglamentación implica una limitación del derecho. ¡No todo derecho es
absoluto! Esto es olvidado cuando se refiere a la propiedad privada y a las
inversiones extranjeras. Un gobierno que se autoproclama popular nuevamente
utiliza su fuerza institucional para pretender legitimar la represión de las
protestas. Desde hace tiempo el kirchnerismo viene preparando el terreno a
través de la aprobación de la ley antiterrorista en los años 2007 y su reforma
en el año 2011 bajo la excusa de presiones de organismos internacionales. Esta
última en el contexto de generalizadas protestas principalmente ambientales
cuya última acción de resistencia abarca los piquetes e impedir el inicio de
las obras y actividades extractivas.
También una vasta experiencia advierte que el kirchnerismo
no acepta críticas ni cuestionamientos tanto en su interior como desde afuera.
Pero hasta los últimos meses el discurso frente a las protestas de los sectores
populares y trabajadores había sido de tolerancia y no represión, salvo los
primeros exabruptos por los años 2003 y 2004 de Aníbal Fernández (Ministro del
Interior en aquéllas épocas) cuando acusaba a los piqueteros de no querer
trabajar o que deben desaparecer. Difícil que un gobierno que nació como
producto de las grandes protestas y manifestaciones del 2001/2002 abiertamente
tenga un discurso en contra de las protestas y piquetes y se muestre ingrato a
una de las causas de su surgimiento.
Incluso otorgó vía libre para que desde el Nuevo Ministerio
de Seguridad comandado por ese entonces la Ministra Nilda Garré y el Consejo de
Seguridad Interior se elaboraran protocolos para avanzar en profundas reformas
en el campo de las políticas públicas relativas a la seguridad. Entre dichos
protocolos se encuentra el referido a “Criterios Mínimos sobre la Actuación de
los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”
(2011). En este protocolo se establece que las fuerzas de seguridad deben
garantizar un adecuado control del tránsito a fin de minimizar los
inconvenientes sin hablar de liberar el tránsito ni parcialmente. También
dispone la prohibición de portar armas de fuero para las fuerzas de seguridad,
de no poseer municiones de poder letal y la utilización de pistolas lanza
gases. Determina que las balas de goma sólo pueden ser empleadas con fines
defensivos pero en ningún caso para dispersar una manifestación.
Pero en los hechos, para no contrariar el discurso, empleó
el mecanismo de la tercerización de la represión, la persecución judicial o
criminalización de la protesta y la utilización de las fuerzas policiales
provinciales, salvo en casos paradigmáticos en los que intervinieron fuerzas
federales asesinando a manifestantes como en el desalojo del Parque
Indoamericano a fines del año 2010 o el desalojo que realizó Sergio Berni en la
Panamericana. Constantes fueron los confrontamientos entre el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional porque éste último había
adoptado la posición de no intervenir en las manifestaciones o cortes que se
realizaban en la Ciudad dejando ese trabajo a la policía Metropolitana.
El Gobierno
tiene plena conciencia que estos mecanismos de control social ya no son
suficientes cuando se están implementando políticas de ajuste que llevan a la
reminiscencia de las columnas del pensamiento neoliberal (devaluación,
inflación, endeudamiento, aumento de las tarifas de los servicios públicos,
límites a las paritarias, estímulo de la cultura del consumo, etc.). Ha elegido
sostener el sistema financiero, las inversiones extranjeras y el modelo
extractivo frente a las necesidades del pueblo. La adopción de estas medidas no
será gratuita y el gobierno kirchnerista necesita herramientas que permitan
contener, atemorizar y reprimir la indignación del pueblo que nuevamente sin
consulta alguna está siendo sometido a sacrificios. Ya no está en condiciones de
sostener un relato y en los hechos actuar esquizofrénicamente. La ingente
vitalidad democrática y las fuertes protestas han llevado a que el discurso
sostenido todos estos años se desvanezca para poder hacer uso de la
institucionalidad e intentar controlar y reprimir los sectores populares, a los
trabajadores, a quienes defienden los bienes comunes.
En los últimos meses claramente la posición ha cambiado. El
funcionario encargado de establecer los horizontes de los nuevos rumbos fue el
Secretario de Seguridad, Sergio Berni quien declaró la guerra a los piquetes.
El punto de inflexión fue el bloqueo por habitantes del Barrio Carlos Mugica
(Ex villa 31-31bis) durante 9 días de la Autopista Illía en los primeros días
del mes de enero de este año donde el Estado Nacional decidió intervenir. Luego
sucedió a fines de enero el intento de empleados tercerizados de Aerolíneas
Argentinas y Austral de cortar la Av. Costanera frente al Aeroparque
Metropolitano Jorge Newbery. Sergio Berni encabezó un fuerte operativo policial
y expresó estar “asqueado de que un grupo minúsculo corte la calle”. En
simultáneo acusaba a Macri de no adoptar medidas para impedir los bloqueos de
manteros desalojados de Balvanera. También los calificó de “agresión ciudadana”
al referirse a las protestas realizadas en la Av. Gral. Paz y la Autopista
Panamericana que fueron desalojadas con violencia.
Este
proyecto de ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas rescata los
argumentos antipiquetes por excelencia, el derecho a la libre circulación, la
colisión de derechos. Posición reaccionaria que cierra los ojos ante tantos
otros derechos involucrados más allá de la libertad de expresión o de
circulación, como los derechos sociales, los ambientales, los políticos, la
defensa de la dignidad como fuente de todo derecho humano. Como lo que se
detesta es la defensa de estos derechos se los equipara a un derecho que no
afecta a la gobernabilidad como la libertad de circulación y se posiciona más a
defender éste derecho que aquellos que implican modificar la dirección de las
políticas y la distribución del ingreso y el poder. Falsamente se soslaya que
los contextos históricos y la constitución atribuyen mayor jerarquía a unos
derechos frente a otros, y precisamente el de la circulación vehicular no está
en los más altos escalones.
El proyecto expresa criterios para catalogar de legítima o
ilegítima una manifestación. Las manifestaciones legítimas a) no impiden el
normal funcionamiento de servicios públicos; b) no impide totalmente la circulación
de personas y vehículos; c) permite la libre circulación de grupos
especialmente vulnerables; d) los manifestantes no cometen delitos; e) es
notificada con una antelación de 48 horas (lugar, tiempo, objeto y delegado de
la manifestación, para tener responsables a quienes presionar o extorsionar) y
f) iniciada la mediación obligatoria no puede durar más de dos horas, la
manifestación podrá durar entonces alrededor de dos horas, de lo contrario
tornará ilegítima. No es legítima si no se participa de la mediación.
El derecho
de protesta es uno de los ejes arquitectónicos de la democracia, cualquier
limitación por nuestra historia y los valores constitucionales se presume que
tocan su núcleo mínimo que es muy amplio. Claramente esta reglamentación hace
casi imposible que una manifestación sea considerada legítima y les quita todo
vigor. Las manifestaciones ilegítimas serán dispersadas por las fuerzas de
seguridad. Se prohíbe el uso y la portación de armas de fuego. Las armas no
letales no pueden ser disparadas directamente hacia los manifestantes.
Llamativamente no se habla sobre la utilización de gases, químicos o camiones
hidrantes, indudablemente estos serán los métodos de dispersión. Esto habilita
represión inmediata más allá que no nos digan que no se están agravando las
penas y sancionando nuevos delitos. Estos ya fueron estipulados en años
previos.
Los buenos
manifestantes gozarán del derecho a que el Estado garantice la visibilidad de
las reivindicaciones a través de la adecuada difusión en medios públicos. Como
un premio consuelo ante semejante restricción o, mejor dicho, mutilación de
nuestro derecho a manifestarnos, el Estado garantiza que algún medio público
difunda el objeto del reclamo. Con dos horas de manifestación lograremos unos
párrafos en algún medio digital del Estado cómo si este fuera el único objetivo
de las manifestaciones. Nuevamente el kirchnerismo se desatiende de la raíz del
problema y de su carácter de actor esencial y destinatario de los reclamos y reivindicaciones.
Estipula
una mediación obligatoria entre los delegados individualizados en la
notificación y personal civil del Ministerio de Seguridad. El “mediador civil”
sólo negocia los términos del cese de la manifestación y la canalización de los
reclamos. Ni rastros de que los funcionarios destinatarios de los reclamos
tengan la obligación de inmediatamente apersonarse y ser responsables de dar
respuestas a los reclamos, esto queda a su buena o mala voluntad. Todo este
proceso constituye lo que entiende el kirchnerismo por “canales
institucionales” y “diálogo entre los funcionarios políticas y la ciudadanía”.
Como esta
travesía es útil a todos los gobiernos se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley. Macri sonriente y con un aire de
“te lo dije” ha manifestado toda su colaboración en el impulso y aplicación de
este proyecto de ley.
Este
proyecto de ley constituye un cercenamiento inaceptable en una democracia de
nuestro derecho a protestar y manifestarnos. Las más grandes conquistas de
derechos se han realizado por estos medios constituyendo elementos esenciales y
principales en la vida democrática y no sólo merecedores de la llamada “tolerancia
democrática”. Sin el velo muchos organismos de DDHH empezaron a distanciarse
del kirchnerismo. Un claro ejemplo es el del Cels que inmediatamente se
diferenció del Gobierno Nacional en cuanto a este proyecto. La protesta ha sido
reprimida todos estos años de una u otra forma, con violencia y muertes, con
mecanismos que permitían al kirchnerismo irresponsabilizarse por estos hechos y
mantenerlos impunes. Este proyecto constituye la otra cara de la moneda de las
políticas no igualitarias y de ajuste que está llevando a cabo el kirchnerismo
y, como tal, merece ser resistida.
* Integrante del Colectivo por la Igualdad en el Partido
Social y Coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
(AAdeAA)
--
Jonatan Emanuel
Baldiviezo
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