En diálogo con LPO, el abogado constitucionalista señaló que
las denuncias del Gobierno contra Hugo y Pablo Moyano por la huelga de ayer son
injustas e indebidas, y que “toda protesta es política”. La opinión de su
colega Andrés Gil Domínguez, que aclara que el líder de la CGT está amparado en
la Constitución.
El kirchnerismo se ubicó en una posición inédita para un
gobierno peronista luego de denunciar penalmente a Hugo Moyano y su hijo Pablo
por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos” por
la huelga de ayer, una causa presentada por Florencio Randazzo que quedó
registrada en el Juzgado Federal Nº 9.
Así lo entienden los abogados constitucionalistas
consultados por La Política Online. El investigador del Conicet, Roberto
Gargarella, que dirige la revista jurídica de la Universidad di Tella, indicó a
este medio que “de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar
con problemas sociales y de ningún modo se justifica usar el derecho penal para
lidiar con reclamos gremiales”.
“Es injusto, indebido, de los peores usos imaginables del
derecho”, señaló el constitucionalista, que agregó que “tampoco se justifica
que el gobierno y sus voceros empiecen a indagar en el carácter político o no
de la protesta”.
Gargarella afirmó a LPO que “sin entrar en la hipócrita
utilización e incentivo que se dio desde el poder a la protesta sindical, lo
cierto es otra cosa: toda protesta es política, toda protesta forma parte de
una disputa política mayor.
“Esa no puede ser una conclusión condenatoria, es el punto
de partida de toda protesta social”, finalizó.
El amparo de la Constitución
Por su parte, el también abogado constitucionalista Andrés
Gil Domínguez que “Moyano ejerció su libertad de expresión, como cuando Hebe de
Bonafini le pegó duro a la Corte Suprema”.
“El derecho a huelga y expresión anula cualquier tipo de
acción penal”, señaló Gil Domínguez al tiempo que explicó que al realizar el
paro, el líder de la CGT “ejerció un derecho previsto en la Constitución”, por
lo que la denuncia presentada por el ministro del Interior violaría la Carta
Magna.
En concordancia con Gargarella, Gil Domínguez aseguró que
“ejercer un derecho nunca puede tener ningún tipo de represalia penal”.
El abogado indicó que el Gobierno no puede “pretender que
Moyano vaya a una huelga y no hable” y agregó que “este tipo de denuncias el
Gobierno las utiliza para generar un estado de latencia para activar todas las
causas cuando necesitan apretar”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíe su consulta, contestaremos a la brevedad en el horario de Lunes a Viernes de 09 a 19hs.
Saludos cordiales.