Las negociaciones salariales este año plantean mayores
dificultades que las existentes un año atrás. Entre los principales factores se
encuentran la persistencia de altos niveles de inflación y el intento de las
empresas y el Estado de fijar un tope cercano al 20% de incremento salarial.
La inflación del año
2012 fue de aproximadamente el 25%, y todo indica que este año se mantendrá en
niveles similares. Por ello, un incremento salarial “de bolsillo” inferior a
dicho porcentual significará una reducción del salario en términos reales.
La regulación estatal
del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias (4ª
categoría) influye negativamente sobre el “ingreso de bolsillo” de los
trabajadores. De no producirse cambios en dicha reglamentación, el aumento real
de los ingresos de los trabajadores será inferior al que se pacte en las
negociaciones salariales.
~ En el caso de los trabajadores de ingresos medios – altos
y altos, la falta de modificación del mínimo no imponible y de los tramos de la
escala del impuesto a las ganancias puede significar una reducción de entre 2 y
5 puntos porcentuales sobre el resultado de la negociación salarial (un aumento
del 25% sobre la escala salarial se
transforma en un aumento de entre el 20% y el 23% según el
monto del salario y las cargas familiares).
~ En el caso de los trabajadores de ingresos medios – bajos
y bajos, la actual regulación del sistema de asignaciones familiares puede
licuar totalmente el aumento obtenido en la negociación salarial. Si dicha
regulación no se modifica, por ejemplo, un trabajador con tres hijos que
actualmente percibe un salario de $ 4.000 y que recibe un aumento del 25% en su
salario, finalmente tendrá un incremento de sólo el 15% en su ingreso de
bolsillo.
~ El sistema de asignaciones familiares, con las reformas
implementadas en los últimos años, ha sido llevado prácticamente al desquicio.
En este informe se describe la situación de un trabajador que si en esta ronda
de negociación recibe un aumento salarial del 25%, sin que se produzcan
modificaciones en las escalas del sistema de asignaciones familiares,
finalmente tendrá una reducción del 10% en su ingreso de bolsillo.
En las últimas
semanas se instaló la posibilidad de que el Gobierno Nacional ofrezca a las
organizaciones sindicales la modificación de la reglamentación del sistema de
asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias a cambio de que se
moderen los reclamos salariales, ubicándose en torno al 20% nominal. Aceptar
esta negociación implica hacerles el juego a las empresas, quienes recibirán
los beneficios de pagar salarios más bajos sin costo alguno, ya que será el
Estado el que soportaría, con recursos públicos, una porción variable de dichos
aumentos.
Además, este tipo de
negociación podría afectar mucho más a los trabajadores de menores salarios,
cuyo “ingreso de bolsillo” está más ligado al sistema de asignaciones
familiares que al impuesto a las ganancias (los trabajadores que perciben un
ingreso inferior al mínimo no imponible representan el 75% de los trabajadores
registrados). En este caso, aceptar un aumento salarial del 20%, por más que se
ofrezca a cambio un incremento del 40% en las asignaciones familiares, para un trabajador
con tres hijos, significará un aumento “de bolsillo” de no más del 23%.
Esta ronda de
negociación salarial se plantea en un marco donde la situación de los
trabajadores se encuentra lejos de ser satisfactoria. Luego de diez años de
crecimiento ininterrumpido, donde prácticamente se duplicó el producto bruto
interno, el salario real de los trabajadores se encuentra en el mismo nivel del
año 2001, todavía el 35% de los trabajadores no está registrado, y el promedio
de ingresos de los ocupados apenas supera los $ 3.700 mensuales. Ello a pesar
de que las empresas han tenido, a lo largo de la última década, ganancias muy
superiores a las que obtuvieron durante la década de los ’90.
Por su parte, el
salario mínimo, vital y móvil ha quedado totalmente desactualizado, y no puede
sostenerse seriamente que con $ 2.875 mensuales (a partir de febrero de 2013)
un trabajador pueda garantizar su “alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”, tal
como surge del artículo 116 de la ley de contrato de trabajo.
A su vez, el Estado
Nacional sigue incumpliendo con su obligación de calcular la canasta básica que
sirva de base para la determinación del salario mínimo de los trabajadores. De
acuerdo a los datos de la Junta Interna de ATE – INDEC, dicha canasta, a diciembre
de 2012, ascendía a la suma de $ 6.997 mensuales para una familia de dos
adultos y dos chicos.
Finalmente, es
necesario reiterar que el aumento del salario real debe estar sustentado en una
reducción de las ganancias empresariales, y no en una disminución de los
recursos fiscales del Estado, sin perjuicio de que sigue resultando inaceptable
mantener las exenciones al impuesto a las ganancias que benefician a los
sectores más concentrados del capital.
Fuente: http://www.obderechosocial.org.ar/?utm_source=v2.envialosimple.com&utm_admin=9121&utm_medium=email&utm_campaign=ODS_Parita

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