Delegaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), querellantes de la
familia del asesinado y de los heridos del Partido Obrero respectivamente,
presentaron a la Justicia su apelación del fallo. Por ANRed.
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ANRed - Sur (redaccion@anred.org)
Los representantes de la familia de Mariano Ferreyra y de
los militantes agredidos del Partido Obrero el 20 de octubre de 2010 pidieron,
en la tarde del jueves 1 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21,
que se modifique la sentencia dictada el día 19 de abril, en los tribunales de
Comodoro Py.
El CELS apunta con su apelación a un cambio en la carátula
para juzgar tanto a la patota sindical de la Unión Ferroviaria como a los
policías implicados. De esta forma lo explicó el hermano del militante
asesinado, Pablo Ferreyra, en declaraciones al sitio Infojus Noticias: “Hay que
destacar que la sentencia es buena, pero en el recurso presentado marcamos las
diferencias que nos parecen que pueden robustecer el fallo. Lo más importante
es que pedimos que se cambie la calificación legal de las condenas y que se
juzgue a través de la figura de homicidio agravado”. Además, la querella de la
familia de Mariano apela la absolución del policía Rolando Garay, subcomisario
de la Policía Federal, acusado de ser partícipe de la liberación de la zona.
Por su parte, la apelación presentada por APEL, que estuvo
representada en la tarde del jueves por Claudia Ferrero y Gabriel Solano
(dirigente del Partido obrero), pone énfasis en que el crimen de Ferreyra es
producto de un plan criminal tripartito que integran la cúpula sindical de la
Unión Ferroviaria, el empresariado de la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia (U.G.O.F.E.) y el Estado. “En su fallo el TOC N° 21
-explica el Partido Obrero en un comunicado- rechazó esta tesis a pesar de la
demoledora prueba reunida en el juicio. De este modo se apuntó a cortar el hilo
de responsabilidades que conducen al interior del Estado y a sus vínculos
corruptos con los concesionarios del ferrocarril”. La querella remarca la
importancia y la necesidad de que el fallo implique la condena de los acusados
“por la figura de homicidio agravado, en su carácter de coautores o partícipes
necesarios”, como explica Ferrero en una nota del semanario Prensa Obrera. El
pedido por la investigación de la responsabilidad de los funcionarios Juan
Pablo Schiavi y Aníbal Fernández y los empresarios de U.G.O.F.E. no estuvo
ausente en la apelación.
Paradójicamente, los condenados también presentaron un
recurso procesal para que se modifique el fallo. José Pedraza, Juan Carlos
"Gallego" Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel
"Payaso" Sánchez, y otros condenados presentaron su apelación ante el
Tribunal. Hace unos días, el abogado de José Pedraza, Carlos Froment, había declarado
que su recurso de casación pondría el foco en que "no está probada la
instigación, para instigar hay que determinar directamente a otro".
Resulta importante recordar que el 20 de octubre de 2010, un
grupo de sindicalistas de la Unión Ferroviaria atacó a un grupo de
manifestantes que pedían el fin de la tercerización, entre otros reclamos. En
aquella agresión, varios militantes del Partido Obrero, entre los que se
contaba Elsa Rodríguez baleada en la cabeza, fueron brutalmente heridos. En esa
embestida fue asesinado Mariano Ferreyra. Tenía 23 años.
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