NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Por Alejandra Y. Bernat

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

SEGUIMOS LUCHANDO POR NUESTRO DERECHO A VIVIR

Miles de mujeres en este país son víctimas del maltrato intrafamiliar, laboral, presas de las redes de trata y tráfico de personas. Miles de mujeres han sido asesinadas con la complicidad del Estado que no brinda una respuesta efectiva en los casos de violencia intrafamiliar o laboral, y que es parte incluso operativa del redil mercantilizador en el caso de la trata y el tráfico.

Un trabajo de la Asociación para Políticas Públicas y de acuerdo al procesamiento de datos producidos por el Ministerio de Salud Nacional, en Argentina entre los años 1997 y 2010 ocurrieron 6.077 homicidios de mujeres, la gran mayoría de los casos están vinculados a una dinámica de violencia de género o femicidios. Y en los últimos 5 años hubo 1236 femicidios registrados por la ONG La Casa del Encuentro, siendo la mayoría de los victimarios sus relaciones más cercanas.

Para el año 2012 sin embargo, la cifra reflejaba una tendencia creciente. Según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina que dirige la ONG La Casa del Encuentro, en el año 2012 fueron asesinadas 255 mujeres por violencia de género, esto significa casi una mujer asesinada por día. Una mujer fue asesinada en nuestro país por violencia de género cada 35 horas.

La gran mayoría de estas mujeres habían realizado la denuncia por violencia doméstica, en muchos casos existía orden de exclusión del hogar del agresor. En la Ciudad de Buenos Aires el Programa de Atención Integral en ese mismo año había recibido más de 5.000 consultas y brindado asistencia a más de 3.600 mujeres. En el informe de La Casa del Encuentro también se revelaba que, como consecuencia de los femicidios, cientos de menores de edad quedaban sin madre.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, las estadísticas demuestran que el 77% de las mujeres atendidas en hospitales públicos bonaerenses por violencia de género fueron agredidas por sus parejas y en el 81,8% de esos casos las mujeres sufrieron violencia física combinada con violencia psicológica, sexual, verbal y económica. De los 895 casos de violencia atendidos en los hospitales de la Provincia el 81,5% fueron hechos contra mujeres.

Las soluciones brindadas por el Estado operan en el marco supraestructural y muchas veces sólo en el plano discursivo sin que exista una política activa realmente efectiva a la hora de prevenir y sancionar este tipo de acciones criminales que se desarrollan contra las mujeres.

Si bien existe funcionando en el ámbito de la Corte Suprema una oficina especial que aborda estos casos, y también se creó en el año 2011 la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) con el objeto de formular las sanciones a la violencia de género establecidas por la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales”, lo cierto es que en las Comisarías no se toman las denuncias, los juzgados demoran el tratamiento de los procesos, en muchos casos se somete a la propia víctima a interrogatorios o análisis psicológicos pormenorizados vulnerando su integridad física y psicológica dado que se pone el eje en la “culpa” de la víctima – o sea, la mujer – generando una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad. Tampoco el Estado brinda asistencia a las mujeres víctimas de violencia desde el punto de vista económico si así lo requieren, pues muchas veces las mujeres soportan las agresiones en virtud de su dependencia económica, y sin posibilidades de recurrir a nada ni a nadie toleran situaciones que trágicamente implican como consecuencia la muerte misma.Según la Ley 26.485 se define a la violencia contra las mujeres como “ toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal".  Esta definición alcanza a aquellas conductas o acciones "perpetradas desde el Estado o por sus agentes".

Pero la letra de la Ley, es letra muerta, las sanciones a los agresores en la mayoría de los casos no se concretan, ni siquiera son detenidos, sólo operan las fuerzas de seguridad o los organismos judiciales o ejecutivos cuando  se llega a la situación inevitable e irremediable del crimen.

La violencia contra las mujeres constituye un problema social de extrema gravedad y afecta a todas a las mujeres aún cuando la mayor desprotección muchas veces se evidencia en las clases trabajadoras. La violencia contra las mujeres opera a través de muchísimas vías, desde el crimen organizado a través de las redes de trata y prostitución, del tráfico para someter a trabajo a esclavo, y también a manos de un sistema opresor que ha denigrado a la mujer a una condición servil no superada como puede evidenciarse en la realidad cotidiana. El Estado Nacional, Provincial y/o en cualquiera de sus niveles en muchos casos es coautor, en otros cómplice por omisión pues no actúa ni reparando, y menos aún en forma preventiva.

Nuestra obligación es seguir luchando para que los asesinos sean realmente castigados, y el Estado realmente dispense los medios necesarios para la prevención y el castigo de estas acciones delictivas – pues otro sayo no cabe -. Debemos tomar conciencia de esta realidad y exigir, porque exigir, es luchar por la propia vida.

Las mujeres seguimos luchando, por cada una de nosotras, por  todas.